Antas de Ulla lanza una ordenanza para proteger los caminos de la actividad maderera
El Ayuntamiento de Antas de Ulla inició el procedimiento para aprobar una ordenanza reguladora del uso común especial del dominio público local por las actividades extractivas de madera, con el objetivo de proteger los caminos y vías municipales frente a los daños derivados del tránsito pesado asociado a las talas forestales.
Desde el gobierno municipal se aclara de manera expresa que esta ordenanza no va dirigida a las personas propietarias ni a las vendedoras de madera, sino a las empresas que realizan la tala, el transporte, el arrastre, el depósito y la carga de la madera. Se trata de actividades que implican un uso intensivo de las vías públicas y que, en numerosos casos, provocan desperfectos graves en el firme de los caminos municipales.
Tal y como recogen los informes técnicos y jurídicos municipales, el tránsito reiterado de vehículos pesados vinculados a la actividad maderera genera un deterioro que obliga al Ayuntamiento a asumir gastos extraordinarios de mantenimiento, muy superiores a los costes comunes derivados del uso normal de las vías por parte del vecindario. Estos gastos recaen actualmente sobre el conjunto de la ciudadanía, por lo que la ordenanza busca un reparto justo y equitativo de los costes, haciendo que quien provoca los daños asuma su reparación.
La futura norma, que entrará en vigor tras su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos de la actividad extractiva sobre el viario municipal. El objetivo es garantizar que, una vez finalizadas las talas, los caminos y accesos queden en condiciones idóneas para el tránsito de vehículos y peones, asegurando así el acceso a las aldeas, viviendas y explotaciones agrarias.
El procedimiento iniciado por el Ayuntamiento incluyó una consulta pública previa, abierta a la participación de la ciudadanía y de las entidades potencialmente afectadas, en cumplimiento del establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. De este modo, el gobierno local apuesta por la transparencia, la participación y la buena regulación, recogiendo aportaciones antes de la redacción definitiva de la ordenanza.
Desde lo ejecutivo municipal se subraya que esta iniciativa no pretende frenar la actividad forestal, sino compatibilizarla con el derecho del vecindario a contar con infraestructuras públicas seguras y en buen estado, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad económica del Ayuntamiento y la protección del dominio público local.