El Ayuntamiento de Lugo pretende dar impulso a la inspección tributaria
Con el objetivo de alcanzar la igualdad y la progresividad fiscal, el gobierno de Lara Méndez pretende darle impulso a la inspección tributaria con la contratación de una colaboración que ayude a los servicios municipales en las tareas de vigilancia, aumentando su rendimiento y haciendo aflorar la economía sumergida, combatiendo el fraude.
Un aspecto fundamental – segundo señaló la alcaldesa - “que en el contexto social en el que nos encontramos tiene más trascendencia que nunca, en tanto el cobro de los impuestos municipales supone el 60% de nuestros ingresos y el sustento fundamental con el que debemos afrontar la recuperación del municipio en una etapa de gran incertidumbre económica en la que – recordó – habilitamos diferentes ayudas para los sectores más afectados por la pandemia pero todas con recursos propios ya que, en todo este tiempo, no recibimos ni un solo euro de otras administraciones para paliar las consecuencias de la covid”.
“Se trata pues, de una cuestión de subsistencia financiera pero también de justicia fiscal, velar porque las grandes empresas tributen, verdaderamente, por los ingresos que perciben. Una competencia recogida en las Ordenanzas locales y que pretendemos ejercer con eficacia dotándonos de aquellos recursos que están a nuestra disposición y que permitirán que todas y todos, ciudadanía y también tejido productivo, contribuíamos, en la medida que nos corresponde, a salir reforzados de la crisis que nos afecta” .
De este modo, la Xunta de Gobierno Local validará este miércoles los pliegos elaborados por el área de Tesorería para habilitar una asistencia técnica, material e informática en materia de inspección tributaria municipal que desarrollará tareas de apoyo en los procedimientos de gestión, sanción, resolución de recursos y en la notificación llevados a cabo por el Ayuntamiento.
La concejal Paula Alvarellos fue suficiente que, entre las tareas que deberá asumir la empresa adjudicataria, figura también la asistencia en la confección del Plan de Inspección de los diferentes tributos de los que se nutren las arcas locales, así como la generación del fichero de intercambio de la información censal con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente al IAE, “dando cobertura, de manera global, a todos los hechos impositivos que se constituyen como base de ingresos de derecho público que nos alcanza recaudar”.
“El contrato tendrá una duración de tres años, prorrogables en períodos anuales por otros dos hasta un máximo de cinco, en los que la empresa deberá, además, aportar su propio equipo de recursos humanos integrado, como mínimo, por un jefe o delegado responsable, un técnico y un auxiliar administrativo así como aportar el local donde desarrollarán sus funciones”, indicó Paula Alvarellos.
La responsable del área económica cuantificó que la licitación tendrá un coste de 282.000 euros anuales, “aunque el servicio prestado tendrá una remuneración variable en función de la deuda tributaria cobrada, que se prevé liquidar y que se sitúa en torno a los 3,5 millones de euros.
Apertura del procedimiento de contratación para la gestión recaudatoria municipal en período ejecutivo
En esa misma línea, la concejal de Gobernanza adelantó, también, que en la sesión de esta semana el ejecutivo local aprobará la apertura del procedimiento de contratación para la gestión recaudatoria municipal en período ejecutivo, así como la gestión de las multas de tráfico y de las sanciones derivadas del incumplimiento de las medidas de prevención y contención de la crisis sanitaria, después de recaer esta función - a criterio del Consello Consultivo de Galicia y en contra de los informes de la Abogacía del Estado - en las entidades locales.
Esta adjudicación tendrá una duración de cinco años, improrrogables, para colaborar con los servicios municipales en la comprobación de documentos, en la elaboración, control y seguimiento de expedientes y del pago de la deuda en todas las fases de gestión del proceso de recaudación ejecutiva y de recaudación de multas.
Con un importe anual de 1’3 millones de euros, este contrato permitirá al Ayuntamiento recaudar hasta un 70% más del que implica su coste.