El BNG de Lugo denuncia el aumento de los precios de los seguros de taxi y reclama medidas al Gobierno

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En la propuesta, el BNG demanda que la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, supervise a las empresas aseguradoras para evitar prácticas abusivas
Rubén Arroxo, BNG Lugo
23 Jan 2025

El portavoz del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, informó de que el BNG ha presentado una propuesta en el próximo pleno para instar al Gobierno del Estado a tomar medidas ante la situación que están sufriendo los y las profesionales del taxi debido al incremento de los costes de los seguros.

"Estamos viendo cómo numerosos profesionales están recibiendo aumentos de hasta 12 veces el importe que pagaban anteriormente por su seguro", indicó Rubén Arroxo, quien añadió: "esta problemática está poniendo en riesgo la continuidad del trabajo de muchos autónomos y autónomas."

En la propuesta, el BNG demanda que la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, supervise a las empresas aseguradoras para evitar prácticas abusivas, como subidas desproporcionadas de precios que no se corresponden con los riesgos, y que adopte las medidas necesarias para garantizar que estas compañías no puedan realizar acciones unilaterales e injustas.

Las empresas aseguradoras justifican los incrementos de los precios por la inflación, el aumento de los costes de los siniestros, el incremento de los baremos de las indemnizaciones y una mayor siniestralidad.

Sin embargo, estos argumentos no se ajustan a la realidad, ya que la inflación no debería justificar subidas superiores al IPC, y no hay evidencias de un incremento de la siniestralidad ni de un mayor número de partes o incidentes.

Además, en algunos casos, los profesionales no solo enfrentan primas más elevadas, sino que también son obligados a contratar seguros adicionales, como decesos, hogar o vida, una práctica que la propia Dirección General de Seguros ha calificado de abusiva.

El servicio de taxi cumple una función esencial como transporte público, especialmente en el ámbito rural, donde a menudo es la única alternativa disponible para la movilidad de las personas. Por este motivo, las administraciones públicas deben garantizar que este servicio sea de calidad, accesible para todos los usuarios y con cobertura en todo el territorio.

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