El BNG insiste en exigir a la Xunta que paralice la planta de biometano de Coeses
La diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Montse Valcárcel, insistió hoy en su petición a la Xunta para que paralice el proyecto de la planta de biometano de Coeses, situada a menos de 500 metros de las viviendas. La diputada subrayó que la Xunta tiene el poder de tomar medidas que defiendan los intereses de la vecindad, como retirar el carácter prioritario del proyecto, que actualmente está declarado como Proyecto Industrial Estratégico (PIE).
Valcárcel hizo estas declaraciones tras presentar en el Parlamento Gallego las quejas y reclamaciones de cerca de 60 vecinas y vecinos de diferentes localidades, como Cuíña, Soñar, Piugos, Santa Comba, Nadela y Conturiz, que se han visto afectados por la localización de la planta de biometano en su zona. La diputada señaló que la Unión Europea establece una distancia mínima de 1,5 km entre las plantas de biometano y las áreas residenciales, mientras que algunos expertos llegan a recomendar que la separación sea mayor, hasta 3 km. "Todo esto para una planta que solo generará cinco puestos de trabajo", añadió Valcárcel.
La planta de biometano, que se planea instalar en un terreno forestal, necesita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva para continuar. Sin embargo, Valcárcel alertó que, si se concede la DIA y se aprueba la modificación de la Ley Empresarial para que la planta sea considerada un PIE, el Concello de Lugo no tendrá capacidad para denegar la licencia. "La decisión está en manos de la Xunta de Galicia", afirmó.
La planta tiene previsto procesar 53.000 toneladas anuales de residuos orgánicos procedentes de mataderos e industrias de carne, pescado y leche. La propia empresa reconoce en sus informes que la instalación emitirá olores las 24 horas del día, todos los días del año, y tendrá un vertido de 100 m³ diarios de aguas residuales al regato de Vilalbite y, finalmente, al río Miño. Valcárcel cuestionó la conveniencia de este proyecto para la salud pública y el medio ambiente.
La diputada del BNG reiteró que la Xunta debe tomar decisiones firmes para defender los derechos y la salud de las personas afectadas, destacando que la localización de esta planta no se ajusta a las normativas europeas y debe ser reconsiderada.