El BNG le pedirá a la Xunta que repare las instalaciones del Juzgado de Instrucción nº 4 de Lugo
El BNG trasladará al Parlamento gallego las demandas de la jueza decana de Lugo tras el cierre del Juzgado de Instrucción nº 4 de la ciudad, motivado por los riesgos estructurales derivados de filtraciones persistentes en el edificio judicial.
“Existe un problema de falta de mantenimiento estructural en las instalaciones, responsabilidad de la Xunta de Galicia, por lo que debe acometer con urgencia las medidas necesarias para garantizar, en primer lugar, la seguridad de las trabajadoras y trabajadores de la administración de justicia”, señaló la parlamentaria Olalla Rodil.
El deterioro del edificio judicial no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que lleva años siendo denunciada por profesionales del ámbito judicial. “Lugo necesita con urgencia un plan serio de mantenimiento y renovación de sus infraestructuras judiciales, que conlleve una planificación a largo plazo y una inversión real”, afirmó.
La diputada nacionalista subrayó la necesidad de contar con infraestructuras judiciales “a la altura de las necesidades y de los derechos de la población de este partido judicial”. En ese sentido, anunció que desde el BNG se instará al Gobierno gallego a realizar, con celeridad y con las máximas garantías, las actuaciones necesarias para restituir las condiciones del edificio afectado.
“No podemos permitir que se paralicen servicios públicos esenciales por dejación de funciones. Exigimos al Gobierno del PP que garantice el mantenimiento adecuado de todas las infraestructuras que son de su competencia, especialmente cuando hablamos de un servicio tan sensible como la justicia”, concluyó Olalla Rodil.
Además, denuncian que los juzgados de Lugo también sufren la falta de regulación en los sistemas de aire acondicionado y calefacción, lo que agrava las condiciones laborales en las instalaciones. “No se trata solo de un problema estructural, sino también de una cuestión de habitabilidad y de derechos laborales para el personal judicial, lo que provoca que las condiciones sean inadecuadas, y esto también es responsabilidad de la Xunta”, declaró la diputada.