El BNG lleva al Parlamento la preocupación de la vecindad de Lugo por la planta de biometano
El Bloque Nacionalista Galego presentará en el Parlamento de Galicia una iniciativa para reclamar a la Xunta que regule con criterios claros el desarrollo de las plantas de biometano, garantizando distancias mínimas respecto a viviendas y núcleos de población.
La propuesta será defendida por la diputada nacionalista Montserrat Valcárcel, que acudirá al Pazo do Hórreo acompañada por vecinos afectados por el proyecto de planta en Coeses, así como por el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, y concejales del BNG.
La iniciativa se enmarca en la línea de trabajo iniciada por el BNG en el ámbito local. El pasado 29 de mayo, el Pleno del Concello de Lugo aprobó una moción del grupo nacionalista que instaba a la Xunta a alejar estas instalaciones de las zonas habitadas y a regular el sector con un marco normativo garantista. Aquel texto salió adelante con la abstención del Partido Popular y recogía las medidas que ahora serán defendidas en el Parlamento.
Valcárcel advirtió del impacto que estas plantas pueden tener sobre la calidad de vida de la población si se ubican cerca de los hogares y subrayó que “no estamos en contra de la tecnología, sino de un modelo que antepone el beneficio económico a la salud, al medio ambiente y al bienestar de las personas”. La diputada ya se reunió previamente con los vecinos para presentarles las medidas incluidas en la iniciativa parlamentaria.
La propuesta recoge seis puntos principales: establecer una distancia mínima de 3.000 metros entre las plantas de biogás-biometano y las viviendas o núcleos poblacionales, fijar un límite de 20 kilómetros entre la planta y el origen de los residuos líquidos y un máximo de 50 kilómetros para el resto, limitar la capacidad anual de las instalaciones a 200.000 toneladas, regular los materiales de entrada y salida del proceso, controlar la gestión del digestato generado, y restringir el tráfico pesado asociado a estas instalaciones, evitando su paso por cascos urbanos y poblaciones rurales.
Rubén Arroxo recordó que comunidades como Castilla y León, incluso con gobiernos del Partido Popular, ya han adoptado medidas para fijar distancias mínimas, y advirtió que “no se puede repetir el modelo de macroproyectos pensados solo para grandes intereses empresariales sin tener en cuenta sus consecuencias sociales y ambientales”.
La presencia de vecinos afectados mañana en el Parlamento supone un nuevo paso en la movilización contra la planta prevista en Coeses y evidencia la creciente preocupación por la proliferación de estas instalaciones sin una regulación que proteja el interés general.