El Consello de la Xunta declara el parque eólico Arno como un proyecto de "excepcionalidad"
El Consello de la Xunta aprobó este lunes declarar el parque eólico Arno como proyecto con una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, lo que permitirá su ejecución fuera de las áreas de desarrollo energético (ADE). Esta instalación está prevista para los ayuntamientos de Castro de Rei, Pastoriza, Meira, Pol y Riotorto.
Es la tercera declaración de excepcionalidad que se realiza desde la entrada en vigor de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, más conocida como Ley de recursos naturales, luego de las concedidas a los proyectos Greco y Baro el pasado mes de agosto.
El parque Arno, de tramitación ministerial, está promovido por Mowe Eólica 1, S.L.U. y su construcción tiene como objetivo suministrar energía más barata a la planta de producción de silicio metálico de alta pureza que tiene el Grupo Ferroatlántica en Sabón (A Coruña), además de beneficiar el vecindario de los municipios más próximos la esta infraestructura renovable, los ayuntamientos lucenses de Riotorto, Pastoriza, Meira, Pol y Castro de Rei, a través de un plan de acción que incluye medidas de apoyo para el desarrollo socioeconómico por importe de 4.680.150€.
No marco de la noticia política de la Administración gallega que exige que cualquier proyecto, además de ser ambientalmente viable, deba asegurar la generación de riqueza social y económica en la zona donde se implante, los promotores del proyecto Arno suministrarán a la planta coruñesa por lo menos el 80 % de la energía producida a través de contratos de compraventa (PPA) que tendrán una duración mínima de 10 años. Se estima que los ahorros en la factura eléctrica a lo largo de la vida de los contratos PPA (10 años) superaría los 5,5 millones de euros lo que facilitaría la competitividad de la planta coruñesa.
Asimismo, y en el marco del plan de medidas socioeconómicas que establece la Ley de recursos naturales de Galicia, el parque eólico de Arno incorpora un amplio abanico de medidas destinadas a beneficiar los cerca de 12.000 residentes de los cinco ayuntamientos en los que se va a localizar esta infraestructura renovable. Entre ellas, ahorros en la factura de la luz y del gas tanto para el vecindario (de hasta 150 euros anuales) cómo para las pymes (ata un máximo de 300 euros/año); ayudas para la formación y la adquisición de libros de texto; créditos a tipo cero para emprendedores, o ayudas para los centros de mayores, instalaciones municipales o para la prevención de incendios, entre otras. Además, en la construcción del parque, el promotor deberá priorizar la contratación de mano de obra local y fomentar la inserción laboral de mujeres y personas jóvenes.
Nueva política energética
Esta medida de excepcionalidad forma parte de la política energética de la Xunta que incorpora, además, otras como la repotenciación, que en los próximos años permitirá reducir en un 80 % el número de aerogeneradores en Galicia, pasando de 3.000 a unos 600 molinos. En la actualidad, la Xunta está tramitando la repotenciación de siete parques eólicos que, en caso de que finalmente sean autorizados, permitirá eliminar 222 aerogeneradores, pasando de los 259 que tienen a día de hoy a solo 37 y, además, manteniendo la misma potencia (más de 190 MW). Hace falta recordar que entre 2024 y 2025 la Xunta aprobó la repotenciación de otros nueve parques eólicos en Galicia, de los cuales tres ya están en estos momentos en obras. De hecho, se estima que con la ejecución de los siete proyectos actualmente en tramitación y de los nueve autorizados, estos 16 parques pasarán de producir 1.108.000 MWh/año a 1.495.000 MWh/año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 373.750 familias (más que las poblaciones de las ciudades de A Coruña y Santiago juntas).
La potencia eólica instalada en Galicia es de 4.022 MW entre 194 parques en funcionamiento. Sin embargo, de las 140 instalaciones autorizadas y sin operar (incluidos los nueve proyectos de repotenciación), un total de 92 con una potencia de 2.512 MW están afectadas por recursos judiciales. Esta situación tiene un impacto directo en los objetivos gallegos de descarbonización, ya que solo con la ejecución de estos proyectos judicialmente bloqueados se evitaría la emisión de casi 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que supone la cuarta parte del que Galicia debe reducir para alcanzar la neutralidad climática.