El Gobierno local de Lugo impulsa una nueva ordenanza para actuar ante el abandono y reactivar el parque de vivienda
El Gobierno local de Lugo llevará a la Xunta de Goberno la aprobación inicial de una nueva Ordenanza de Conservación, Edificación y Rehabilitación de Inmuebles, una herramienta estratégica que permitirá desbloquear actuaciones urbanísticas actualmente paralizadas, mejorar la capacidad de intervención del Concello ante situaciones de ruina o deterioro y reforzar la protección del patrimonio edificado.
La propuesta llega tras meses de trabajo técnico y busca modernizar el marco normativo municipal, adaptándolo a las recientes leyes urbanísticas estatal y gallega, al tiempo que introduce mecanismos ya probados con éxito en otras ciudades como Santiago, A Coruña o Ferrol.
El alcalde de Lugo subrayó que se trata de una medida clave para "ganar seguridad jurídica, actuar con agilidad y proteger el derecho a una vivienda digna y al patrimonio de la ciudad". El nuevo texto sustituye dos normativas municipales ya superadas por los cambios legislativos: la ordenanza sobre edificaciones a rehabilitar de 2009 y la relativa a la conservación de 2013, ambas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, y que habían quedado obsoletas tras la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de rehabilitación y regeneración urbanas de Galicia.
La nueva ordenanza persigue objetivos fundamentales como garantizar el acceso a una vivienda digna, proteger los edificios existentes, reactivar la recuperación de vivienda y dotar al Concello de más capacidad legal y técnica para intervenir ante situaciones de abandono. Además, simplificará los procedimientos administrativos, establecerá criterios claros de actuación y blindará la seguridad jurídica de los expedientes, un aspecto clave para avanzar sin bloqueos.
El documento unifica en un solo texto todas las obligaciones relativas a edificación, conservación y rehabilitación, e incorpora medidas contundentes para hacer frente al incumplimiento reiterado de los propietarios, como multas coercitivas, ejecución subsidiaria de las obras, e incluso la expropiación, la venta forzosa o la sustitución del titular por otra persona que asuma las actuaciones pendientes, siempre mediante procesos garantistas.
Una de las novedades de la ordenanza es la obligación de presentar informes de evaluación en los edificios de vivienda colectiva con más de 50 años y en los inmuebles catalogados, con el objetivo de planificar y anticipar mejor las necesidades de conservación del parque edificado. Una vez aprobada inicialmente, el texto será sometido a exposición pública y, tras resolver las alegaciones que se presenten, será llevado al Pleno para su aprobación definitiva.