El Gobierno local pide a la Xunta un financiamiento justo del Servicio de Ayuda en el Hogar
El Gobierno local defenderá en el Pleno de este mes una proposición para instar a la Xunta de Galicia a cumplir con la normativa vigente y financiar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) según el coste real, garantizando que la administración autonómica asuma la diferencia entre el precio total y la aportación de las personas usuarias. La iniciativa incluye también la exigencia de que la Xunta proporcione de inmediato las horas necesarias para eliminar la lista de espera en el municipio, que actualmente afecta a 618 personas dependientes.
La concejala de Cohesión Social, Olga López Racamonde, destacó que “el acuerdo reconoce por fin la infrafinanciación, pero sigue siendo insuficiente: la Xunta debe asumir lo que marca la ley”. Explicó que, incluso con el incremento pactado a través de la Fegamp —que eleva la aportación autonómica de los 12 euros actuales a 16 este año, 17 en 2027 y 18 en 2028—, los ayuntamientos continúan cubriendo la diferencia hasta superar los 21 euros por hora, que es el coste real en Lugo. “Esta situación no se puede normalizar, porque supone financiar competencias que no corresponden al ámbito local y desatender a las personas mayores que esperan los cuidados a los que tienen derecho”, subrayó.
López Racamonde recordó que el SAF de dependencia llega a finales de año con 618 personas en lista de espera, es decir, personas a las que se les reconoció un derecho pero no se les presta el servicio, lo que constituye “una vulneración clara del sistema de atención a la dependencia”. La concejala advirtió además que el estancamiento en los plazos de valoración agrava el problema: “Seguimos conociendo casos de personas que llevan años esperando la valoración y cuando llega, llega tarde. Es una situación insostenible que requiere una reacción inmediata”.
La responsable municipal también destacó el impacto económico que esta paralización tiene en el Ayuntamiento: “Para evitar que nuestros mayores queden desatendidos, nos vemos obligados a movilizar recursos propios. El Gobierno local invierte medio millón en el SAF de libre concurrencia frente a los 82.000 euros que aporta la Xunta, y destina cada año alrededor de un millón al SAF de dependencia”. Además, recordó que entre 2024 y 2029 el Ayuntamiento tendrá que asumir más de 34 millones de euros en este servicio esencial, “un esfuerzo insostenible que ya afecta a la capacidad económica de los municipios”.
La propuesta que llega al Pleno recuerda que el SAF es una prestación esencial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que la ley gallega atribuye a la Xunta la responsabilidad última de financiación y planificación. “Cuando la Xunta regula pero no financia, obliga a los ayuntamientos a asumir una carga que no les corresponde, y eso no solo es injusto, sino incompatible con un sistema público eficaz”, añadió López Racamonde.
La concejala concluyó haciendo un llamamiento al conjunto de la corporación: “Esperamos que todas las fuerzas políticas se pongan del lado de la ciudadanía y defiendan una financiación justa. Lugo no puede seguir asumiendo en solitario aquello que corresponde a la Xunta”.