El Pleno de la Diputación aprueba una Declaración Institucional por los derechos de las personas con discapacidad
La Corporación Provincial acordó este martes en la sesión plenaria una Declaración Institucional por el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebrará este sábado, 3 de mayo. Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Lugo –PSdeG, BNG y PPdeG- acordaron un texto que pretende contribuir a impulsar un cambio de perspectiva en la sociedad.
“La conmemoración de este día busca sensibilizar sobre la importancia de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España y resaltar el papel de la convención como referencia clave en el desarrollo de políticas públicas y reformas legislativas en materia de discapacidad”, cita el texto. Dar prioridad al reconocimiento de las capacidades diferentes de estas personas, su vida en comunidad y su derecho para desarrollar su proyecto de vida, son algunos de los objetivos.
Los compromisos alcanzados pasan por trabajar para garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, a no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural; la lucha contra la discriminación laboral para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población; promover su participación activa en la toma de decisiones que afectan a su vida; o la una vivienda digna, accesible y adaptada sus necesidades.
Política arancelaria de los EEUU
El Pleno sacó también adelante una moción del PSdeG para pedirle a la Xunta de Galicia que ponga en marcha un plan de medidas de apoyo para los sectores más afectados por la política arancelaria de Estados Unidos que incluya la movilización de fondos y la apertura de nuevos mercados. El texto salió adelante con los votos a favor de los socialistas y del BNG y los votos negativos del PP. Tomé Roca explicó antes del Pleno que “delante de una situación para algunos sectores gallegos que van a tener dificultades, la Xunta no movió ficha”, que el Estado puso ya financiación encima de la mesa y que otros gobiernos autonómicos también están actuando.
La Portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, defendió durante la sesión y en el mismo sentido que el Presidente, que esta iniciativa ayudaría a paliar los efectos de los sectores que se están viendo afectados, como el vinícola, agroganadero e industrial. En este sentido Pleno dio luz verde a un texto que reclama a la Xunta de Galicia que diseñe un plan de medidas de apoyo para los sectores afectados por la política de aranceles de Estados Unidos; un plan que armonice sus medidas con las ya aprobadas por el Gobierno del Estado y que incluya: la movilización de fondos, ayudas no reembolsables para las empresas más afectadas, un plan específico de apertura de nuevos mercados; y además que la Xunta acepte las ofertas de colaboración hechas por los partidos de la oposición para colaborar en el diseño del dicho plan.
Adhesión red de entidades ganadero-cárnica
Además, el Pleno acordó por unanimidad a adhesión a la red de entidades locales Ganadero-cárnica, impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permitirá a la institución provincial reforzar la colaboración con otras entidades para impulsar iniciativas conjuntas con la finalidad de fortalecer el sector. El Gobierno llevó a Pleno esta propuesta teniendo en cuenta el papel “vital” de la actividad ganadera y cárnica en el desarrollo económico, social y ambiental en la provincia.
Mociones del BNG
El grupo provincial del BNG denunció “una estafa en toda regla” de la Xunta de Galicia en relación con la reducción de las ratios de las aulas, tras conocerse una instrucción de la Consellería de Educación para eludir el compromiso que el propio gobierno del Partido Popular anunció hace año y medio cómo “histórico” para reducir el número de alumnas y alumnos por clase a 20 alumnxs, comenzando por infantil.
Segundo explicaron, la circular emitida este mes de abril, y denunciada por la CIG, sindicato mayoritario en la educación, "entierra definitivamente el anuncio de mejoras en las condiciones laborales y en la calidad del sistema educativo en relación con las ratios y al burocracia al permitir alcanzar ratios de 25 estudiantes en las aulas de 6 de Educación Infantil - en las que según el calendario establecido por la Xunta se debería estar aplicando la reducción a 20 estudiantes - y en Primaria".
“En resumidas cuentas y siguiendo las instrucciones que ven de hacer públicas la consellería de Educación recientemente que permite alcanzar ratios de 25 alumnos en las aulas de 6º de Infantil y de Educación Primaria, las ratios son las que le dé la gana a la Xunta de Galicia”, denunció Daniel García, quien enumeró también diferentes incumplimientos relacionados con la reducción de burocracia y condiciones laborales del profesorado.
“Se estivesemos delante de una medida seria y rigurosa en materia educativa, el deber de la administración competente sería bien clara: disponer de los recursos de dotación de plazas escolares para poder hacer realidad a reducción de alumnado por aula”, señaló el diputado, que recordó otras medidas en contra de la educación pública por parte del Partido Popular en la Xunta, como “las puertas abiertas que tendieron a la universidad privada antes de finalizar el anterior mandato en la Xunta” o el intento de “decapitar el año pasado el Campus #Terra de la USC en Lugo, usando igualmente los ratios como arma”.
El debate se dio durante la presentación de una moción presentada por el BNG para pedir a la Consellería de Educación que “reduzca el calendario de aplicación de la reducción de ratios y hacerlo ya en todas las enseñanzas, fijando para las nuevas ratios con carácter legal la misma validez que las ratios actualmente vigentes”.
La moción, aprobada con los votos de nacionalista y socialistas, a pesar de la oposición del PP, también insta a la Conselleria a recuperar el horario lectivo de 18 horas en secundaria y de 21 en primaria y reducir de forma efectiva e inmediata la burocracia que soporta el profesorado.
El pleno también aprobó, la iniciativa del BNG y con los votos del gobierno provincial, una propuesta de apoyo a la movilización convocada por la Plataforma Queremos Gallego para el próximo día 17 de mayo de 2025 en Santiago de Compostela bajo el llamamiento "Lengua viva ya! Paremos la emergencia lingüística!
En la defensa de la propuesta, la diputada Iria Castro defendió el derecho a hablar y conocer el gallego y reivindicó el potencial de las industriales culturales que crecen alrededor del gallego como la del libro, la musical o la audiovisual.
La propuesta también muestra el respaldo del gobierno provincial al Proceso Lengua Vital, impulsado por la Plataforma Queremos Gallego, que pretende evaluar el cumplimiento de los acuerdos nacionales ya tomados sobre la lengua gallega y los obstáculos que impidieron aplicar @dito medidas, tanto del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, como de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minorizadas".
Mociones del Partido Popular
Los diputados populares critican que el gobierno de PSOE y BNG "siga dando las costas a los vecinos de Folgoso do Courel tras ver como votaron en contra de impulsar la construcción del centro de atención a mayores comprometido en 2018 entre la Diputación de Lugo y el propio Ayuntamiento".
Los diputados populares señalan que “hoy todos los vecinos de Folgoso do Courel” pudieron ver “el sectarismo” que guía al gobierno de José Tomé que “toma sus decisiones mirando únicamente el color político que gobierna cada municipio”.
Incluso, PSOE y BNG quisieron hoy “romper” el convenio firmado al presentar una enmienda de sustitución a la iniciativa del Grupo Provincial Popular “para que en lugar de construir la residencia a Diputación (segundo establece el convenio firmado) y que sea la Xunta de Galicia la que la construyera”.
Los populares aprovechan para “agradecer el esfuerzo realizado por Lola Castro y medio ciento de vecinos de Folgoso do Courel” que hoy se acercaron hasta el pleno provincial para escuchar de primera mano “las excusas de PSOE y BNG para seguir negando la construcción de la residencia comprometida hace ya 7 años”.
En este sentido, los diputados populares afirman que “seguiremos trabajando hasta que PSOE y BNG cumplan con todos los vecinos de Folgoso do Courel” que llevan siete años esperando a contar con este centro de atención a mayores “una necesidad muy importante en el municipio”.
"Mientras PSOE y BNG siguen negándose a cumplir con el firmado en 2018, el Ayuntamiento de Folgoso do Courel cumplió con todos los deberes que les asignaba el convenio, entre las que se encuentran la #poner# a disposición de los terrenos, en el año 2019, y, posteriormente, la resolución de la licencia de obra, el 13 de enero de 2022, después de que la Diputación de Lugo corrigiera los numerosos errores detectados en el proyecto que inicialmente se presentara desde lo gobierno provincial", dijeron.
El portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, explica que “hoy PSOE y BNG se negaron la, en primer lugar, cumplir con sus competencias y mantener las carreteras provinciales en unas condiciones mínimas de seguridad”, pero también “se negaron a exigir al Gobierno del Estado el repavimentado de la N-540 y a iniciar la construcción de la La-56 (Lugo – Ourense)”.
La realidad es que urge el arreglo, ensanche y mejora de las carreteras provincias LU-P-4001 y LU-P-4002, que conectan los ayuntamientos de Antas de Ulla, Monterroso y Palas de Rei, así como también son las principales conexiones de estos municipios con la La-54.
“Es preciso mejorar el mantenimiento de estas vías, así como aumentar su ancho, ya que en cuanto a A-54 se encuentre completamente abierta a la circulación aumentarán considerablemente su densidad de circulación”.
Ameijide recuerda que también se pedía la unidad del pleno de la Diputación para reclamar al Gobierno del Estado “el impulso de la construcción de la La-56 Lugo-Ourense y plazos concretos y partidas presupuestarias” y plazos y compromisos concretos para renovar la N-540, la única conexión entre Lugo y Ourense, así como única forma que “tenemos los lucenses de llegar al alta Velocidad ferroviaria”. “Ya son dos años en los que Pedro Sánchez no paró de realizar promesas y no cumplir ninguna, los lucenses precisamos hechos y no palabras”, sentenció.
Por otra parte, Antonio Ameijide denuncia “las constantes mentiras de José Tomé” sobre el alta velocidad ferroviaria: “la realidad es que los trenes de los que presume Tomé no van la circular a más de 220 kilómetros/hora de media entre Lugo y Ourense, lo reto a ir a un notario a firmarlo y si no se cumple el presidente de la Diputación debe dimitir”.