El PP acusa al gobierno local de Lugo de bloquear soluciones para los colegios públicos
El Grupo Municipal del Partido Popular de Lugo acusa al gobierno local, formado por PSOE y BNG, de mantener una actitud de inacción y bloqueo político que está afectando a la red de centros educativos públicos de la ciudad.
Los populares señalan como ejemplo más grave el derrumbe parcial de la cubierta del CEIP As Mercedes, donde tuvo que ser la Xunta de Galicia quien interviniese de urgencia para sustituir 700 metros cuadrados de la estructura antes del inicio del próximo curso escolar. Según el PP, esta situación es fruto de la desatención continuada por parte del Ayuntamiento en el mantenimiento de los colegios, algo que vienen denunciando de forma reiterada.
Otro de los casos que, a juicio del PP, evidencia esa parálisis es el de la Escuela Infantil Fingoi II, donde existe una necesidad urgente de habilitar un comedor escolar. A pesar de tratarse de un centro de titularidad municipal, el Ayuntamiento estaría ahora intentando que sea la Xunta quien redacte el proyecto y ejecute las obras de un comedor definitivo, una solución que requeriría tiempo y que no resolvería a corto plazo las necesidades de las familias.
Por ello, la Xunta propone instalar un aula portátil que funcione como comedor a partir de septiembre, siempre que el Ayuntamiento ceda la parcela necesaria para su ubicación. Los populares critican que, a día de hoy, esa cesión sigue sin formalizarse, lo que impide que la medida pueda llevarse a cabo en las próximas semanas. Desde el Partido Popular denuncian que el gobierno local está alargando los plazos deliberadamente por motivos políticos, sacrificando un servicio esencial para las familias lucenses como es el comedor escolar.
Además, recuerdan que la falta de mantenimiento en los colegios públicos no es un problema puntual, sino una constante, con trabajos pendientes desde hace años como la limpieza de arquetas, arreglos en instalaciones, mejoras en accesibilidad o refuerzo de personal.
Por todo ello, el PP exige al gobierno municipal que asuma sus competencias, actúe con responsabilidad y agilidad, y deje de obstaculizar las iniciativas de otras administraciones que buscan mejorar las condiciones de los centros educativos de la ciudad.