El Grupo Municipal del Partido Popular acusa al gobierno local de Lugo de desatender su obligación con la verificación y renovación de los contadores de agua doméstica, una actuación que, según establece la orden ministerial ICT/155/2020, debe completarse antes del 24 de octubre de este año. La concejala popular Silvia Colmenero recordó que el punto 4.5 del anexo 3 de dicha normativa permite que el consumidor delegue en el ayuntamiento la gestión de los trámites y la revisión de los contadores que tengan más de 12 años, por lo que, a su juicio, debería ser el propio Concello quien lidere este proceso.
Colmenero calificó de “vergonzoso” que en pleno siglo XXI Lugo siga utilizando contadores analógicos y que sea necesario que el personal municipal acuda domicilio por domicilio a realizar las lecturas, cuando ya existen medios para implantar un sistema de medición digital más moderno y eficiente. También criticó que se responsabilice a los vecinos del cambio o verificación de los equipos, cuando la normativa permitiría una actuación directa de la administración local.
La concejala hizo referencia a una comunicación del servicio de aguas enviada a varios hogares en la que se advertía de la obligación de verificar o instalar nuevos contadores, bajo la amenaza de incrementar la facturación aplicando un artículo de la ordenanza municipal que, según explicó, sólo debería utilizarse en casos de contadores averiados o detenidos.
En el pleno más reciente, el PP preguntó si el Concello estaba preparado para la lectura digital, pero según Colmenero la respuesta fue vaga y poco esclarecedora, al limitarse a indicar que están esperando fondos europeos. Recordó además que Lugo ya concurrió en dos ocasiones a esas ayudas sin éxito, por presentar la documentación de forma deficiente y no alcanzar la puntuación mínima exigida.
La popular aprovechó para recordar el precedente de 2021, cuando su grupo impulsó una campaña para asesorar a cientos de vecinos que recibieron facturas de agua excesivas basadas en estimaciones inexactas. “Entonces el Concello rectificó y refacturó los consumos gracias a la presión política y vecinal. Cuando rectifican, aciertan, pero solo lo hacen cuando se les exige desde fuera”, señaló. En aquel momento, el PP propuso repartir el consumo anual en cuatro trimestres para respetar la proporcionalidad y evitar cobros abusivos.
Por último, Colmenero denunció lo que considera una mala gestión del ciclo del agua, señalando que los principales contratos llevan caducados 14 años, que la brigada municipal está desmantelada, que las fugas tardan días en arreglarse, que la zona rural carece de abastecimiento y saneamiento, y que el sistema de reutilización de agua lleva 14 años sin uso, todo ello —según la popular— mientras los impuestos siguen aumentando.