El PP analiza los informes sobre la gestión de contratos prorrogados en Lugo
El Grupo Municipal del PP en Lugo analiza los 10 informes que se darán a conocer mañana en el pleno, prestando especial atención al relativo al control financiero de los contratos prorrogados tácitamente una vez agotado su plazo convencional de duración durante el año 2024.
Los servicios municipales que fiscalizan la acción del gobierno en el ayuntamiento advierten sobre la deriva en la que se encuentra la gestión y recuerdan las responsabilidades civiles y penales por reincidencia en las constantes irregularidades. El informe constata la falta de colaboración con intervención y subraya que es un deber; cuando esto no ocurre, el titular del área debe adoptar las medidas correctoras oportunas, confirmando que, tras múltiples reparos, existe una falta de interés en subsanar esta situación.
En segundo lugar, se detectaron prestaciones pendientes de años anteriores, como 2012, 2018 y 2019, sin que se hayan realizado trámites para corregir esta situación, especialmente en servicios como medio ambiente, infraestructuras o informática.
El informe recuerda también los principios que regulan la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, con el objetivo de garantizar estabilidad presupuestaria, control del gasto, integridad y eficiente gestión de los fondos públicos. Primero debe definirse la necesidad y después buscar la solución más ventajosa mediante procedimientos de libre concurrencia.
El incumplimiento de estos principios afecta a la situación económica del Ayuntamiento, ya que muchos contratos caducados recogen costes determinados por la empresa sin que otros licitadores puedan acceder a ellos y ajustar precios. Además, el informe alerta de que todas estas facturas son objeto de disconformidad, formulándose reparo especialmente por omisiones en los expedientes o trámites esenciales. Hasta ahora constan numerosos decretos de resolución de discrepancias sin constancia de actuaciones para resolver esta problemática.
Lo más relevante es la advertencia de los servicios municipales de que estas acciones u omisiones tienen efectos de asunción de responsabilidades. Según la disposición adicional 28 de la LCSP, existe responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas por daños causados a particulares o a la propia administración, y, en el caso del personal, puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Además, el artículo 78.1 de la LRBRL recuerda que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal.