El PP de Lugo afirma la desconfianza que tiene Paula Alvarellos en Rubén Arroxo
El Partido Popular de Lugo aseguró que los hechos ocurridos el pasado jueves, 12 de diciembre, "confirman la desconfianza y falta de entendimiento" entre el PSOE y el BNG en el gobierno municipal. Los populares critican que la alcaldesa, Paula Alvarellos, delegase sus funciones en el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, entre las 17:00 y las 19:00 horas, tiempo en el que se firmaron tres decretos que levantan reparos de legalidad sobre facturas de servicios gestionados por el Bloque Nacionalista Galego.
La portavoz popular, Elena Candia, destacó que estas facturas, que suman 181.838,91 euros (de los cuales 174.160,71 euros corresponden al área de Cultura), presentan irregularidades señaladas por los técnicos municipales. Entre ellas, se encuentran el fraccionamiento irregular de contratos, la falta de procedimiento de licitación y prórrogas tácitas de contratos sin cobertura jurídica. Según los populares, esta práctica vulnera varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), como el 99.2, 118, 29.2 y 29.8, así como el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 13 de febrero de 2022.
Los populares también denunciaron que esta situación no es un caso aislado. Candia afirmó que en este 2024 ya se han tramitado más de cien facturas ignorando los reparos de intervención y calificó esta gestión de “poco ética y poco transparente”. Asimismo, advirtió sobre la delicada situación económica del Ayuntamiento, señalando que el ahorro neto ha pasado de 17,5 millones de euros en 2021 a apenas 1 millón en 2023 y que los remanentes de tesorería se han dilapidado, descendiendo de más de 50 millones en 2019 a solo 1 millón en 2023.
Candia reclamó medidas correctoras y exigió que se cumplan los informes de los técnicos municipales para evitar "el desastre económico" y la subida de impuestos anunciada para la ciudadanía. “El gobierno podría hacer un esfuerzo para no trasladar esta situación a los lucenses”, afirmó, subrayando que, si se cumpliera la ley, los contratos permitirían la libre concurrencia y se lograrían precios más competitivos.
Para el Partido Popular, lo sucedido “es un nuevo capítulo” de una larga lista de despropósitos económicos y prueba la “falta de confianza” entre los socios de gobierno, al no querer asumir responsabilidades por las facturas firmadas con reparos. Candia concluyó pidiendo mayor rigor, transparencia y cumplimiento de las advertencias de los técnicos municipales.