El PP denuncia "desigualdad" en el reparto del presupuesto del Plan Diputación para 2025
Los diputados del Grupo Provincial Popular se abstuvieron en la votación sobre las bases del Plan Diputación para 2025 propuestas por PSOE y BNG por considerar “que mantienen la desigualdad de trato a los lucenses en función del municipio en el que vivan y, por consiguiente, empeora la asistencia a los ayuntamientos”.
El portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, explica que “no se entiende el triunfalismo” de PSOE y BNG sobre el Plan Diputación porque “la realidad es que dieron cumplimiento a una de sus deberes legales de colaboración con los municipios”.
El popular recuerda que este plan, “se mejoró gracias a un acuerdo entre los dos grandes partidos de esta corporación (PP, con Elena Candia, PSOE, con Darío Campos), mientras que el actual equipo de gobierno, en los dos últimos mandatos solo hizo dos cosas: cambiarle el nombre y empeorar la asistencia a los ayuntamientos”.
Antonio Ameijide explica que las bases de este plan “empeoran la asistencia a los municipios porque cada vez se adapta menos a sus necesidades”, recordando como los alcaldes llevan años pidiendo poder emplear los fondos del plan para gastos corrientes, por ejemplo, “pero PSOE y BNG se niegan”.
El PP DENUNCIA UN "ENGAÑO"
Los diputados populares explican que la subida “es ficticia, porque la realidad es que el plan aumenta 250.000 euros con respeto al de este año, y sube solo para unos pocos, para 32 municipios baja y para la mayoría se congela".
Ante esta situación, Antonio Ameijide afirma que “tanto PSOE como BNG cada vez restan más peso e importancia la este plan, porque en la realidad están restando competitividad a los municipios. Vemos cómo aunque congelen la partida que destinan la cada ayuntamiento, la realidad es que bajan los fondos destinados, porque tienen que hacer frente a la inflación con los mismos recursos y porque el presupuesto de la Diputación sube un 13 % pero este plan solo un 1 %”, lamentó.
En este sentido, los diputados populares insisten en que “tanto José Tomé, como PSOE y BNG tienen que escuchar a los alcaldes de la provincia y permitir que, con cargo al Plan Diputación, se puedan financiar gastos corrientes de los municipios”.
Antonio Ameijide denuncia que tanto socialistas como nacionalistas “no permiten” sufragar estos gastos con cargo al Plan Diputación porque “ya financian esos gastos en los ayuntamientos que gobiernan los alcaldes amigos con los convenios, más conocidos como pedreas, de las juntas de gobierno de cada viernes”.
Antonio Ameijide se muestra contundente y afirma que “se había ido por PSOE y BNG eliminarían el Plan Diputación para así colaborar de forma directa y únicamente con los ayuntamientos que ellos quieren”.
PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR
Los diputados del Grupo Provincial Popular recuerdan que “llevamos años” pidiendo un aumento de la cuantía que se destina la este plan porque “en la actualidad es la forma más justa” que tiene la Diputación de Lugo para colaborar con los ayuntamientos, ya que “esta colaboración se realiza en base a criterios igualitarios para todos los municipios”.
En este sentido, Antonio Ameijide recuerda que este año se instó a incrementar los fondos en 10 millones de euros y para realizar este aumento de los fondos, indicaron de donde se podía sacar el presupuesto: De la aportación extraordinaria de los impuestos del Estado del año 2022 que recibió la Diputación este año y con la que también se cuenta para el próximo año; y del dinero que se destinan de "forma subjetiva y a dedo en los convenios que se reparten cada viernes en las juntas de gobierno, fondos que entregan de forma sectaria y sin criterios objetivos a los ayuntamientos que gobiernan PSOE y BNG para financiar gastos corrientes o cualquier otro fin, como la compra autobuses, supermercados o pagar orquestas", concluyen.
RESIDENCIAS PROVINCIALES
Antonio Ameijide condenó también que nacionalistas y socialistas habían votado en contra de impulsar la construcción y apertura de los centros de atención a mayores comprometidos a los vecinos de 10 municipios de la provincia.
El portavoz popular explicó durante su intervención que “retrasan con nuevas prórrogas el final de las obras de construcción de los centros de atención a mayores de Guitiriz (donde el gobierno provincial dejó caer la Casa de la Botica) y A Pontenova, como mínimo, hasta julio y agosto del 2025, respectivamente”.
La de la Pobra de Brollón está actualmente en construcción, pero el gobierno provincial no la incluye dentro de sus previsiones para abrir en este mandato “o se olvidaron de ella, como de los centros de día porque no está en marcha ninguno”.
Ameijide subrayó que “no tienen ninguna intención de abrir ninguna residencia en el 2025 porque sus propios presupuestos los delatan: en su respuesta a los alegatos presentados por los vecinos de Becerreá hablan de remanentes de los que el único que sabemos es que cobran por ellos intereses en un banco, pero no establecen partidas presupuestarias con nombres y apellidos y, incluso, bajan fondos para servicios sociales”.
Así, dicen que las residencias en obras “pueden tener la esperanza de ver ladrillos y trabajadores en las obras”, para otros que cumplieron su parte, “las esperanzas se están finalizando”. Es el caso de los centros de atención a mayores de Folgoso do Courel y Portomarín, con convenios firmados en el 2018 y 2023, respectivamente.
Estas residencias cuentan con “localización, proyecto, licencia y compromiso económico del Ayuntamiento; pero siguen esperando”. “Y nada se sabe de los centros de atención a mayores comprometidos para Cervantes, Pantón, Ourol y O Saviñao” para los que todas tienen convenio y ubicación; “pero ni proyecto, ni fechas y, hasta el momento, casi ni esperanzas”, añadió el popular.
ALTRI
Ameijide destaca que la iniciativa del BNG salió rechazada con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE. El portavoz popular subrayó que “hay que esperar la resolución de los técnicos y, en caso de que el proyecto de Altri para la implantación de una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei obtenga todos los informes favorables de las distintas administraciones, tendrá que ser autorizado”, explicó.
Del contrario, “sería prevaricación”. Ameijide advirtió que la iniciativa del BNG pide claramente incumplir la ley: “en el punto 2 piden dirigirse a la Xunta de Galicia para que informe negativamente el proyecto” por lo que sería pedir “de forma directa, consciente y pública a funcionarios y cargos públicos que cometan un delito tipificado en el Código penal como prevaricación”.
El popular recordó también las “manipulaciones” del BNG: cuando emplearon una foto de un país asiáticos para alarmar sobre los pellets en las playas de Galicia y, precisamente en relación a Altri, con el uso de una “foto editada para colocar una fábrica en un punto donde no está ubicada”. Asimismo, incidió en que “el BNG también estaba en el 1999 en contra de Alcoa y ahora se coloca detrás de las pancartas”.
OTROS ASUNTOS
Por otra parte, los populares censuran que el PSOE había votado en contra de que el Gobierno de España informe con transparencia sobre la situación de Muface y garantice la atención a los mutualistas licitando de forma urgente el concierto para impedir que impacte en los sistemas públicos autonómicos. Esta iniciativa del Grupo Popular salió aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del BNG.
Los diputados populares también pidieron que la Diputación inicie un proceso público de cesión de los bienes almacenados en la nave de Begonte para que todos los ayuntamientos o entidades interesados en darles uso puedan hacerlo de forma gratuita y también que la Diputación exija al Gobierno de Sánchez, responsable de Adif, dar acceso a viviendas y propiedades en Santo Estevo (Pantón) donde los vecinos quedaron aislados a consecuencia de las obras en la vía del ferrocarril.