El PP pide al Concello de Lugo una planificación clara para renovar los contadores de agua
El Grupo Municipal del Partido Popular mantuvo un encuentro con representantes de Alufonca, la asociación que agrupa a profesionales del sector de la fontanería, para trasladarles el ruego que llevarán al próximo Pleno sobre la renovación de los contadores de agua.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de aprovechar la prórroga aprobada por el Gobierno central, que amplía el plazo para sustituir los dispositivos con más de doce años. La Orden ITU/1072/2025 extiende hasta el 24 de octubre de 2027 el periodo para renovar o verificar estos equipos, un margen adicional de dos años que, según el PP, el Ayuntamiento debe emplear para planificar con criterio, modernizar el sistema municipal y ofrecer certezas a la ciudadanía.
Con este nuevo marco normativo, el Partido Popular solicitará en el Pleno que el Ayuntamiento impulse la instalación de contadores digitales, capaces de ofrecer lectura remota, detectar fugas de forma temprana y favorecer una gestión más eficiente. En caso de optar por dispositivos analógicos, reclamará que sean convertibles y permitan integrarse posteriormente na lectura telemática. Los populares recuerdan que ya en septiembre, antes de conocerse la prórroga estatal, habían solicitado un Pleno extraordinario cuando el plazo inicial concluía en octubre de 2025. En aquella sesión, PSOE y BNG votaron en contra de aclarar qué modelos debían instalar los lucenses y qué ayudas podían recibir, lo que —según el PP— provocó confusión y dificultó un proceso de obligado cumplimiento.
Ahora que existe más tiempo, los populares insisten en que debe aprovecharse con responsabilidad. Por ello, el ruego también plantea que el Ayuntamiento habilite bonificaciones o ayudas económicas destinadas a las familias afectadas por la sustitución del contador.
Durante la reunión, Alufonca expresó su preocupación por la falta de regulación profesional desde la desaparición en 2006 del carné oficial de fontanería, una situación que, según explicaron, fomenta el intrusismo y favorece la economía sumergida. A raíz de esta demanda, los senadores del PP se comprometieron a trasladar al Ministerio la necesidad de recuperar una acreditación profesional que devolva garantías al sector.