El PP reclama al Gobierno plazos para actuar en el firme de la N-6a a su paso por Becerreá
El Partido Popular ha vuelto a llevar al Senado la situación de la N-6a a su paso por el municipio de Becerreá para reclamar explicaciones al Gobierno central sobre las actuaciones previstas en esta carretera de titularidad estatal. La iniciativa partió del portavoz local, José Fernández Carrete, quien solicitó a los representantes populares en la Cámara Alta que trasladasen la demanda vecinal ante el estado que presenta el firme.
Los senadores lucenses José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano registraron formalmente preguntas dirigidas al Ejecutivo para conocer tanto las intervenciones previstas como los plazos que se manejan para su ejecución. Según explicó Balseiro, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce en su respuesta oficial que están contempladas labores de conservación ordinaria del pavimento en la N-6a en el tramo de Cruzul, pero evita concretar una fecha para llevarlas a cabo.
El tramo afectado se sitúa entre los puntos kilométricos 464+700 y 467+200, en la antigua carretera nacional que comunica con los núcleos de Cruzul, Ousón y Guillén. En esta zona, según denuncian los populares, el pavimento presenta baches y áreas en las que el firme está prácticamente deshecho, lo que complica la circulación diaria y supone un riesgo para la seguridad vial de los usuarios.
Desde el PP consideran que las deficiencias deberían estar ya solucionadas y exigen una actuación inmediata para garantizar la movilidad de los numerosos vecinos y vecinas que utilizan esta vía de forma habitual. Fernández Carrete agradeció que los senadores populares “se hagan eco de las demandas de nuestro municipio” al trasladar esta reivindicación a la Cámara Alta, subrayando la importancia de esta carretera para la vida diaria de la zona.
Los parlamentarios lucenses señalan que el propio Gobierno admite que la vía requiere intervenciones, por lo que esperan que el Ejecutivo cumpla con su obligación de mantener en condiciones adecuadas las carreteras de su competencia. No obstante, muestran dudas sobre la diligencia del Estado al entender que el estado general de las infraestructuras de titularidad estatal en la provincia evidencia, a su juicio, una falta de atención hacia Lugo.