El PP urge a Lugo a proteger a usuarios y trabajadoras del SAF
El Partido Popular reclamó que el Concello de Lugo ejerza plenamente sus competencias sobre el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), aprobando protocolos que protejan tanto a los usuarios como a las trabajadoras, y avanzando hacia la creación de un convenio propio que mejore sus condiciones laborales.
La portavoz popular destacó que, con un presupuesto municipal de más de 121 millones de euros, el Concello debe apostar de manera decidida por las personas, especialmente cuando se trata de un servicio de competencia municipal. Entre las medidas solicitadas destacan la aprobación de protocolos de prevención y protección y la implantación de un convenio propio, siguiendo el modelo aplicado a las trabajadoras de la limpieza de los edificios municipales, para las que se alcanzó un acuerdo en el pleno de marzo de 2024.
El PP señaló que esta iniciativa se impulsa por varios motivos: la finalización del contrato del SAF el próximo año, la necesidad de decidir sobre su privatización, la coincidencia con el caso ocurrido en Porriño y, sobre todo, las denuncias reiteradas de las trabajadoras lucenses sobre situaciones de desprotección.
Entre los problemas revelados destaca una instrucción interna que obliga a las trabajadoras a esperar 15 minutos en el domicilio si el usuario no está, sin recibir retribución por ese tiempo, que además queda registrado como deuda con la empresa. También se denuncian despidos tras bajas médicas, una práctica que evidencia la precariedad del servicio.
Elena Candia subrayó que Lugo debe ser un ejemplo en la defensa de las personas que cuidan de las familias y criticó que PSOE y BNG mantengan esta situación en el SAF, pese a presentarse como defensores de los derechos laborales.
El PP fundamenta sus peticiones en la Ley de Servicios Sociales de Galicia de 2008, que reconoce la competencia municipal en la gestión del SAF y en la participación en la gestión de las prestaciones para garantizar la autonomía personal y la atención a la dependencia, así como en el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, que establece la cofinanciación del servicio entre las administraciones, obligando a la administración local a velar por su correcta prestación.