El río Miño, un bien ambiental desaprovechado en Lugo
En Lugo, la relación entre la ciudad y su río más emblemático, el río Miño, sigue siendo motivo de crítica e insatisfacción por parte de la sociedad civil. Mientras el Ayuntamiento presume de apostar por la puesta en valor de su patrimonio natural, la realidad evidencia una clara desconexión entre los discursos oficiales y las necesidades reales de la ciudadanía, que lleva años reclamando instalaciones públicas que permitan disfrutar del río de forma segura, sostenible e inclusiva.
Uno de los casos más paradigmáticos de esta desconexión son las Caldas do Miño, un proyecto pensado como espacio de ocio y bienestar vinculado al río. A pesar de su ambición inicial, las instalaciones llevan meses cerradas y ya habían sido clausuradas en distintas ocasiones por casos de legionela. Este historial de interrupciones reiteradas evidencia no solo problemas de mantenimiento y gestión, sino también una planificación deficiente que impide que la ciudadanía disfrute de un recurso que podría convertirse en un eje social y ambiental. Partidos de la oposición y sectores de la sociedad lucense insistieron en demandar alternativas para reorientar el uso de las Caldas, subrayando que la inversión económica realizada —más de 1,4 millones de euros— no se traduce en servicio público efectivo ni en beneficio constante para la vecindad.
Frente a esta realidad, el Ayuntamiento prioriza otros proyectos que no responden directamente a la demanda de uso público del río. Un ejemplo es la rehabilitación de la antigua Fábrica da Luz, que se encuentra en su fase final y que, según los planes municipales, estará terminada en primavera.
El proyecto responde al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y tiene como objetivo transformar el inmueble en un centro enogastronómico divulgativo destinado a la promoción de productos locales, a la celebración de eventos, a actividades formativas y a la difusión de la cultura gastronómica y vitivinícola de la provincia. Las intervenciones prevén recuperar las fachadas, renovar carpinterías, mejorar la estanqueidad frente a posibles crecidas del río y actualizar las instalaciones interiores, siempre respetando la estructura original y el carácter histórico del edificio.
La finalidad de la intervención, enfocada a recuperar el edificio histórico del arquitecto Eloy Maquieira, es criticada por muchos lucenses, que consideran que este espacio sería ideal para crear una playa fluvial y un acceso acondicionado al cauce, permitiendo que todas las personas puedan bañarse e interactuar con la naturaleza. La situación evidencia una falta de prioridades claras: mientras se invierten recursos en la rehabilitación para usos turísticos y educativos, no se da respuesta a las demandas básicas de ocio y contacto con la naturaleza que ya existen en la sociedad.
Otro proyecto que generó debate es el del Muíño de Olga, rehabilitado con la inversión de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que superará los 750.000 euros para ceder el uso a la Universidad de Santiago de Compostela. El edificio se convertirá en un punto de divulgación científica del Campus Terra, dedicado a la hidrología, gestión de recursos hídricos, fauna, flora, construcciones y etnografía del río. El proyecto cumple el convenio firmado en julio de 2023 entre ambas instituciones, que contempla tanto la modificación del proyecto inicial como la ejecución de la obra, dirección, vigilancia y coordinación de seguridad, con un plazo estimado de 7 meses.
A pesar de la relevancia científica y educativa de este proyecto, el centro tiene tendencia a inundarse a mitad del curso, tanto en invierno como en primavera, momentos clave para su uso. Además, voces críticas de la sociedad lucense consideran que invertir más de tres cuartos de millón de euros en un centro de divulgación representa una oportunidad perdida para mejorar la accesibilidad al río y dotar a Lugo de una infraestructura pública que permita disfrutar del Miño.
No obstante, el futuro apunta a que la playa fluvial de Lugo se situará en la zona de Os Robles, ya que el pasado 1 de julio de 2025, en un encuentro entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, se alcanzó un compromiso formal para instalar una playa fluvial en la zona de Os Robles, un espacio entre este barrio y la Fábrica da Luz que históricamente sirvió de lugar de baño para los vecinos.
En aquella cita, Fernández destacó que se trataba de una demanda que durante años “fue frenada” y que ahora ambas administraciones acordaron trabajar juntas para materializarla mediante un protocolo de actuación, así como avanzar en un estudio de impacto ambiental y otras fases técnicas necesarias para convertir la idea en realidad.
Para muchos habitantes de Lugo, este compromiso supuso una luz de esperanza: la posibilidad de contar con una infraestructura que permita acceso directo al baño en el Miño, con espacios acondicionados para las personas, las familias, los deportistas y los grupos sociales, algo que hasta ahora solo existía de forma informal y sin regulación.
Sin embargo, también surgieron voces críticas que recordaron que los acuerdos políticos no siempre se traducen en actuaciones concretas ni en plazos claros, dejando nuevamente en manos de la burocracia y de la falta de prioridad real el futuro de ese proyecto.
Aunque la voluntad expresa de trabajar y acordar la playa fluvial fue reconocida por las administraciones, los pasos posteriores —como la redacción y aprobación de dicho protocolo conjunto, la realización de los estudios ambientales, la obtención de fondos y, por fin, el inicio de las obras— siguen siendo cuestiones por resolver.
La lectura combinada de los casos de las Caldas do Miño, de la Fábrica da Luz y de los compromisos sobre la playa fluvial deja ver un patrón de diferentes prioridades. Mientras las administraciones hablan de puestos de empleo, turismo, dinamización económica, divulgación cultural o enogastronómica, para la vecindad es evidente que esa perspectiva no siempre implica la creación de espacios públicos directos, accesibles y continuados en el río.
La crítica, por tanto, no se sitúa contra la rehabilitación patrimonial ni contra la puesta en valor de la gastronomía o el turismo. Se sitúa en que esas actuaciones no se traducen en espacios públicos de uso colectivo que permitan a la sociedad disfrutar de uno de sus mayores recursos ambientales: el río Miño.
El río Miño es un bien ambiental extraordinario, parte esencial de la identidad de Lugo y un recurso que, bien gestionado, puede contribuir al bienestar, a la cohesión social y a la calidad de vida de la ciudadanía.
Lo que sí es evidente es que la puesta en valor del río como espacio de uso público está pendiente de una voluntad política consistente, de una planificación integral y de una asignación de prioridades que sitúe al vecino y a la vecina en el centro de las decisiones.
Si proyectos como las Caldas do Miño no se mantuvieron abiertos ni se adaptaron para garantizar un uso continuado; si la rehabilitación de la Fábrica da Luz se reorientó hacia usos especializados que no responden directamente a las demandas ciudadanas de acceso al baño; y si las promesas sobre la playa fluvial aún tardan en traducirse en acciones concretas, el riesgo es que Lugo siga contemplando el Miño como un paisaje admirable, pero no como un bien vivido y accesible.
La sociedad lucense quiere y merece espacios públicos reales, seguros y duraderos, y no solo anuncios entusiastas ni proyectos que quedan en cuestiones pendientes. El río Miño tiene que ser algo más que una imagen o un recurso turístico: debe ser un espacio de convivencia, de ocio y de vida para todas y todos.