Cientos de ganaderos protestan en Lugo contra el acuerdo UE-Mercosur
Cientos de productores agroganaderos, convocados por las asociaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema y acompañados por cerca de 50 tractores, se manifestaron este lunes en Lugo para mostrar su rechazo a la posible ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Según denunciaron, se trata de un tratado que tendría un efecto muy perjudicial sobre el sector primario, el medio rural y el actual modelo productivo.
La movilización arrancó en las inmediaciones del edificio de la Xunta de Galicia, en la Ronda da Muralla, y finalizó ante la Subdelegación del Gobierno, en el centro de la ciudad. Esta acción se enmarca en una jornada de protestas simultáneas desarrolladas también en otras localidades gallegas como A Coruña u Ourense, así como en distintos puntos del Estado español y de otros países europeos.
Durante el acto final, ante ambas administraciones, los organizadores leyeron dos manifiestos dirigidos tanto a la Xunta como al Gobierno central. En ellos advirtieron de que la ratificación del acuerdo podría provocar consecuencias irreversibles, como el cierre de explotaciones familiares y la pérdida de empleos directos e indirectos, el acelerado despoblamiento del rural con efectos sobre la cohesión territorial y social, el aumento de la dependencia alimentaria exterior o la entrada de productos procedentes de otros mercados con estándares inferiores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores. También alertaron de la devaluación del trabajo agroganadero, al obligar al sector europeo a competir con precios imposibles de asumir sin renunciar a la calidad y a la sostenibilidad.
Los manifestantes expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de respuesta institucional ante esta situación. Aseguran que el silencio de las administraciones genera incertidumbre y recuerdan que tienen la obligación de proteger un sector estratégico para la economía, el territorio y la sociedad, preguntándose qué medidas se van a adoptar para frenar una competencia que consideran desleal.
En el manifiesto, firmado también por otras entidades como la Federación Gallega de Porcino, los productores reclaman un veto político al acuerdo mientras no se garanticen condiciones justas y equilibradas. Defienden además la soberanía alimentaria y exigen que se aplique el principio de reciprocidad, de modo que ningún producto procedente del exterior pueda acceder al mercado europeo sin cumplir los mismos requisitos que se exigen a las explotaciones locales.
Al término de la movilización, los participantes instalaron un stand informativo con el objetivo de explicar a la ciudadanía las consecuencias que, a su juicio, la firma del acuerdo con Mercosur tendría para la salud pública y la seguridad alimentaria.
Desde el sector recuerdan que el ámbito agroganadero lleva años soportando una presión creciente derivada del aumento de los costes de producción, de una normativa cada vez más compleja, de la reducción de los márgenes económicos y de una incertidumbre estructural continuada. A pesar de ello, subrayan que siguen garantizando alimentos de calidad, seguros, trazables y producidos bajo los estándares más exigentes de la Unión Europea.
En contraste, critican la posibilidad de permitir la entrada masiva de productos procedentes de países que no cumplen las mismas exigencias ambientales, sanitarias, laborales ni de bienestar animal, una situación que consideran una clara competencia desleal y que, advierten, pone en serio peligro la viabilidad de las explotaciones locales.
APOYO POLÍTICO
El Bloque Nacionalista Galego participó en la movilización protagonizada por ganaderas y ganaderos ante el edificio de la Xunta de Galicia, en Lugo, para expresar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El BNG considera que este tratado resulta altamente perjudicial para el sector productivo gallego y recordó que ya ha impulsado distintas iniciativas institucionales para frenar su ratificación en los organismos en los que cuenta con representación.
En la protesta estuvieron presentes el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia Secundino Fernández, el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, así como cargos y militantes de la formación procedentes de diferentes municipios del entorno.
Durante la concentración, la representación nacionalista trasladó su apoyo explícito al sector agroganadero gallego y advirtió de las consecuencias negativas que, a su juicio, tendrá el acuerdo UE-Mercosur debido a la entrada masiva de productos agrarios procedentes del exterior. Según denunciaron, esta situación someterá a las explotaciones gallegas a una competencia desleal, con productos que no cumplen los mismos requisitos ni los estándares exigidos a la producción ganadera en Galicia.
Desde el BNG señalaron que el tratado facilitará la llegada al mercado europeo de un gran volumen de alimentos procedentes del otro lado del Atlántico, fomentando modelos basados en el monocultivo y la especialización intensiva en grandes extensiones de terreno para su posterior transporte a miles de kilómetros. Una dinámica que consideran incompatible con los objetivos de descarbonización, con la protección de la biodiversidad, con la soberanía alimentaria y con la apuesta por el consumo de proximidad. También pusieron el foco en las diferencias en las condiciones de producción, recordando que en otros países se permiten prácticas como el uso de determinados pesticidas, antibióticos o piensos que no están autorizados en la Unión Europea, además de contar con controles menos exigentes en origen.
El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia Secundino Fernández explicó que “hoy estamos en Lugo para acompañar al sector ganadero que se moviliza ante el edificio multiusos de la Xunta de Galicia para denunciar un acuerdo que impone condiciones muy duras al campo gallego”. Fernández incidió en que se trata de un tratado en el que, según afirmó, “el Partido Popular tiene una responsabilidad directa, ya que gobierna tanto en Europa como en Galicia y promueve acuerdos que dañan a un sector estratégico para el país”.
En este contexto, el diputado nacionalista fue tajante al asegurar que “el BNG no va a apoyar ningún acuerdo de este tipo, que sitúa a nuestro campo en una clara posición de inferioridad frente a terceros países e ignora los intereses de las productoras y productores gallegos”. “El campo gallego no está en venta”, afirmó, añadiendo que la formación seguirá apoyando las movilizaciones del sector en Lugo, Ourense, A Coruña y en el conjunto del país frente a unos acuerdos que, advirtió, pueden suponer una reducción muy significativa de los fondos europeos destinados a la agricultura y la ganadería.
Fernández señaló también al Partido Popular como principal responsable, acusándolo de mantener un discurso distinto en Galicia respecto al que defiende en las instituciones europeas, donde, según indicó, cuenta con capacidad de decisión en la Comisión Europea.
Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, afirmó que el Ejecutivo autonómico “comparte plenamente la preocupación” expresada por agricultores y ganaderos ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. En este sentido, subrayó que la Xunta exigirá que cualquier producto que acceda al mercado español cumpla exactamente los mismos requisitos y garantías que la producción propia, con el objetivo de evitar perjuicios para el sector primario gallego.
Arias mantuvo un encuentro con una delegación de las asociaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, entidades impulsoras de la movilización convocada en Lugo contra el acuerdo comercial con el bloque sudamericano. Durante la reunión, les trasladó que la Xunta instará al Gobierno de España a implantar controles fronterizos rigurosos para garantizar que los productos agroalimentarios procedentes de terceros países cumplan los mismos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal exigidos en el ámbito comunitario.
En el transcurso de la reunión, el delegado territorial también avanzó que el Gobierno gallego pretende articular un frente común con las organizaciones profesionales agrarias frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir los fondos de la Política Agraria Común. Arias advirtió de que este recorte llega en un momento especialmente delicado para el sector, en el que estas ayudas resultan más necesarias que nunca.
En este contexto, recordó que esta misma semana se celebrará la primera reunión de la comisión de trabajo específica sobre la nueva PAC en el seno del Consello Agrario, e insistió en que la Xunta mantendrá su defensa de una política agraria sólida, dotada de financiación suficiente y con fondos diferenciados que permitan atender las necesidades reales del campo gallego. Según advirtió, las propuestas actualmente sobre la mesa podrían traducirse en un recorte de al menos el 22% de los fondos destinados a Galicia, lo que supondría una pérdida aproximada de 80 millones de euros anuales para el sector.