La alcaldesa de Antas de Ulla explicará en pleno la deuda heredada del anterior gobierno
La alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto, expondrá en el próximo pleno municipal ordinario la situación de la deuda contraída por el anterior gobierno local con la empresa Advon SL.
Esta deuda tuvo su origen en 2017, cuando el gobierno del exalcalde Javier Varela dejó sin pagar las obras en el campo de fútbol municipal Castro Seoane, inicialmente contratadas con la empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.
García Porto destacó que "la empresa reclamó el pago por la vía judicial, y el anterior gobierno fue condenado en 2021 a abonar la deuda con intereses y los costos del proceso judicial, lo que incrementó significativamente la carga financiera del ayuntamiento". Como consecuencia, la deuda alcanzó los 170.372,42 euros, duplicando el coste inicial de las obras.
A pesar de que, tras la sentencia, un fondo de inversión adquirió la deuda y Varela se comprometió a abonar un 45% del importe inicial (76.667,61 euros) y el resto en pagos mensuales, este compromiso tampoco fue cumplido, según indicó la actual alcaldesa.
García Porto también señaló que, a pesar de los intentos del actual gobierno por renegociar la deuda con la entidad financiera, esta ha rechazado cualquier negociación y ha decidido continuar con el proceso judicial.
"La gestión desleal e irresponsable del anterior gobierno ha endeudado al ayuntamiento, arrastrándolo a una situación sin precedentes y perjudicando gravemente a toda la ciudadanía de Antas de Ulla", lamentó la regidora.
Desde que asumió el cargo en 2023, el gobierno de García Porto ha abonado 170.000 euros de la deuda heredada y ha mantenido al día los gastos actuales, aunque con muchas limitaciones derivadas de la situación económica del municipio. En total, su mandato comenzó con una deuda de 1,5 millones de euros, detectando además que se habían desviado 816.000 euros de fondos europeos destinados a la Casa de la Cultura para el pago de facturas y que quedaban pendientes de pago 341.072,63 euros en suministro eléctrico.
"Todo esto hace que la política del Ayuntamiento esté condicionada por sentencias judiciales, colocando a todo el municipio en una situación muy complicada, en la que la ciudadanía es la principal perjudicada", advirtió la alcaldesa.
No obstante, García Porto reafirmó el compromiso del gobierno local para minimizar el impacto de esta situación en las inversiones y en los servicios municipales, asegurando que seguirán trabajando para garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas de Antas de Ulla.