La CIG-Administración se movilizó en las siete ciudades gallegas por un aumento salarial digno para el personal público
La CIG-Administración Pública convocó concentraciones frente a los edificios de la Xunta en las siete ciudades gallegas para denunciar el empobrecimiento del personal empleado público y el deterioro de los servicios públicos.
La protesta se realizó en el marco del debate parlamentario de la ley de presupuestos de Galicia y de la ley de medidas fiscales y administrativas para 2026, que no incluían mejoras en las condiciones económicas ni laborales del personal al servicio de la Administración autonómica.
Las movilizaciones se celebraron a las 11:00 horas en los siguientes edificios: en Pontevedra, en la Avenida María Victoria Moreno, 43, con la participación del secretario nacional de la CIG-Administración Pública, Luis Carballo, quien ofreció declaraciones a los medios; en A Coruña, en el edificio administrativo de la Xunta en Monelos; en Ferrol, en la Plaza Amada García; en Lugo, en el edificio multiusos de la Xunta; en Santiago de Compostela, en el complejo administrativo de San Caetano; en Ourense, en la Avenida de La Habana; y en Vigo, en la Plaza de la Estrella.
Durante las concentraciones, la CIG reclamó al Gobierno de la Xunta la recuperación de derechos recortados con la ley de medidas de 2012, incluyendo los días de asuntos particulares y derechos del V Convenio del personal laboral; la implementación de un complemento transitorio del sueldo base y de los trienios en las pagas extraordinarias para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010; eliminar las limitaciones en las contrataciones de personal sustituto e interino; convocar concursos de traslados permanentes; y restituir el derecho a la carrera profesional de todo el personal.
Las protestas coincidieron además con la apertura de una negociación salarial por parte del Gobierno español con algunos sindicatos, al margen de las mesas legalmente constituidas. Luis Carballo instó al Ministro de Transformación Digital y Función Pública a convocar de inmediato la Mesa General de Negociación para acordar un incremento justo para todo el personal empleado público.
La CIG reclamó un aumento del 5% para los años 2025 y 2026 y la aprobación de una cláusula de garantía salarial que actualice los salarios del sector público anualmente en función del incremento real del IPC. Para llevar esta demanda al Parlamento gallego, la central presentó una Proposición no de Ley que se encontraba en fase de recogida de firmas.