La CIG denuncia que la residencia de mayores de Castro Ribeiras de Lea lleva más de tres meses sin médico propio

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Las delegadas sindicales alertan de que casos que podrían resolverse en la propia residencia acaban derivando en ingresos en las urgencias hospitalarias debido a la tardanza en la atención médica
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10 Feb 2026

La residencia de mayores de Castro Ribeiras de Lea, en el ayuntamiento de Castro de Rei, permanece sin personal médico desde el pasado mes de noviembre. La empresa concesionaria del centro, CK Senior, sostiene que la atención sanitaria a las personas usuarias está suficientemente cubierta a través del servicio de emergencias 061, una postura que generó una fuerte contestación sindical y preocupación entre las familias.

Así lo denuncia la representación de la CIG, que añade que la ausencia de un médico o médica está teniendo consecuencias directas en el día a día del centro. "La falta de este profesional provoca retrasos en la prescripción de tratamientos, en la renovación de medicaciones o en la aplicación de pautas específicas, funciones que no pueden asumir ni el personal de enfermería ni el resto del cuadro de trabajadores por no estar autorizados legalmente. Esta situación obliga, además, a derivar personas residentes al centro de salud de la localidad, ya saturado, lo que supone demoras en los diagnósticos y en el inicio de los tratamientos", añaden.

Las delegadas sindicales alertan de que casos que podrían resolverse en la propia residencia acaban derivando en ingresos en las urgencias hospitalarias debido a la tardanza en la atención médica. Las llamadas al 061 y los traslados al hospital se convirtieron, aseguran, "en una práctica habitual en el centro". En la residencia viven alrededor de 170 personas, muchas de ellas con un alto grado de dependencia, y la normativa vigente establece la obligatoriedad de contar con personal médico propio en instalaciones de estas características. Para la CIG, la negativa de la empresa a cubrir la baja responde únicamente a criterios económicos.

La situación motivó que un familiar presentara una denuncia ante la Inspección de Política Social, que realizó una visita al centro. Con todo, desde la representación sindical critican que la actuación de la Inspección no sirvió para corregir la falta de médico, sino que se limitó a introducir más tareas administrativas para el personal de enfermería y xerocultor. Denuncian también que la administración "dé por cumplidas las ratios de personal contabilizando trabajadores en situación de baja o permiso, sin contrastar con la realidad diaria del servicio ni hacer un seguimiento efectivo de las deficiencias detectadas".

Otro de los aspectos señalados es el funcionamiento del servicio de fisioterapia. La empresa promociona este recurso como uno de los atractivos de la residencia, llegando incluso a recibir pacientes derivados desde el HULA para procesos de rehabilitación. Sin embargo, segundo a CIG, el fisioterapeuta solo acude al centro un día a la semana, los viernes, muy lejos de la atención continuada que se da a entender.

En el plano laboral, el sindicato denuncia una actitud de bloqueo por parte de la dirección de la residencia, que estaría aplicando una política de imposición en las condiciones de trabajo. Entre las prácticas señaladas figuran la denegación sistemática de días de libre disposición, la imposición de turnos, vacaciones y descansos, así como la negativa a negociar con la representación legal del personal. La CIG reclama un cambio de actitud por parte de la dirección y la apertura de un diálogo real que permita mejorar tanto la atención a las personas usuarias como los derechos de las personas trabajadoras.

Desde CIG-Servicios advierten de que la situación de esta residencia no es un caso aislado, "sino un reflejo del deterioro general del sector de los cuidados, marcado por la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y unas condiciones laborales precarias. Esta realidad, añaden, dificulta la captación y retención de profesionales". Mientras tanto, critican que la negociación del convenio colectivo lleve más de un año paralizada y que la Xunta de Galicia contribuya a esta precarización con la reducción de las ratios de personal y con la eliminación de exigencias como la presencia física de enfermería las 24 horas en las residencias.

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