La Diputación acuerda el apoyo a la candidatura para que Lugo sea sede de la Agencia Estatal de Salud Pública
La Diputación de Lugo apoyará a la candidatura del Ayuntamiento de Lugo para que la capital de la provincia acoja la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Así se acordó en el Pleno celebrado este martes en el Pazo de San Marcos tras una propuesta de Presidencia que contó con el apoyo unánime de las tres fuerzas políticas de la Corporación: PSdeG, BNG y PP.
Defendió el Diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, que “es una cuestión de justicia territorial” que Lugo albergue este organismo que tendrá por objetivo centralizar, coordinar y reforzar la salud pública de todo el país frente amenazas y riesgos que tienen que ver con la salud pública. Que la capital lucense “cuenta con una base sólida que la convierte en la candidata ideal” por la combinación de sus infraestructuras, dotaciones y patrimonio y valoró que este proyecto “puede transformar nuestra ciudad, atraer talento, generar empleo cualificado y reforzar nuestro papel como referente en salud e investigación”.
Mediante este acuerdo, la Diputación solicita además el apoyo explícito a la candidatura del Ayuntamiento de Lugo como sed de la AESAP y da traslado de la decisión al Ministerio de Sanidad y a la Xunta de Galicia. El proceso de selección de la sede finalizará la finales de año y son varias las ciudades que optarán a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, como Zaragoza, Granada, León u Oviedo.
Aprobada la Cuenta General del 2024
El Pleno también aprobó, con la abstención del PP, la Cuenta General del año 2024 de la Diputación, cumpliendo así con los plazos legalmente establecidos, que determinan el deber de presentar este expediente ante el Consejo General de Cuentas antes del día 15 de octubre. La Diputada de Economía, Recaudación, Hacienda y Especial de Cuentas, Carmela López Moreno, destacó que el gasto comprometido alcanzó en el año 2024 un 94,49% “mostrando que la Diputación mejora su capacidad de gestión año tras año”.
Recortes en Educación
El Pleno acordó también exigir a la Xunta de Galicia que finalice con los recortes que llevaron a una situación crítica a varios centros educativos de la provincia. Así se aprobó en la sesión común del mes de septiembre que tuvo lugar esta mañana en el Pazo de San Marcos, tras lo debate de una moción socialista que denuncia la problemática que viven muchos colegios públicos provocados por la falta de profesorado. La iniciativa, que se debatió junto con una propuesta de Gobierno en defensa de la enseñanza pública, contó con los votos a favor del PSdeG y el BNG y con los votos en contra del PP.
Destacó el Presidente de la institución provincial, José Tomé Roca, antes de la sesión plenaria que “desde que gobierna en Galicia el PP cualquier inicio de curso es un problema. Todo #basar nos recortes, sobre todo en el rural”. Valoró la “incapacidad” de gestión de los populares, que queda reflejada en las 157 plazas que quedaron sin cubrir en Lugo.
En ese sentido, la Portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, argumentó que “los problemas que recoge esta moción afectan de manera más acusada a los centros educativos del rural”. Una manera de actuar de la Xunta del PP que “acentúa esa Galicia de dos velocidades, con un rural relegado en el económico, en el educativo y en el acceso a los recursos”.
Puso como ejemplo los casos de diferentes centros de la provincia, destacando la situación que vive el CEIP Virgen de la Luz de Portomarín. En este ayuntamiento, el curso arrancó con protestas ante la fusión de los seis cursos de primaria en dos grupos y la vacante de una plaza de inglés que continúa sin cubrir. La problemática es similar en los centros de Samos y Triacastela, con un único profesor de inglés compartido; en el CPI Tino Grandío de Guntín, en el que perdieron dos profesores de primaria y dos de secundaria y no saben se tendrán sustituto para la persona que impartía inglés y plástica.
También están en una situación crítica el CEIP de O Páramo, que tiene alumnado agrupado de diferentes ciclos, edades y niveles formativos en apenas dos aulas; o el CEIP Península de la Paz de San Cibrao, con recursos de apoyo limitados a pesar de tener una demanda creciente de atención educativa personalizada. García Porto mencionó además los casos de otros centros en la Fonsagrada, Sober, San Clodio, Castro de Rei o Guitiriz, Becerreá, As Nogais, Baamonde, Chantada o Vilalba que también contaron protestas por recortes en este sentido.
El texto de la moción recoge por una parte que la Xunta mantenga en el CEIP Virgen de la Luz de Portomarín el cuadro docente del curso pasado y que cubra lo antes posible la plaza de especialista de inglés que precisa lo citado centro; que cumpla con las ratios de agrupamiento de alumnos pactados con los sindicatos en octubre del 2023 y que garantice los planteles docente acomodados a las necesidades de los alumnos en todos los centros de la provincia.
Pacto de Estado frente a la emergencia climática
El Pleno sacó también adelante una moción de los socialistas para pedirle a la Xunta de Galicia que apoye el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el Gobierno de España y a cumplir con las recomendaciones del dictamen de la comisión de estudio sobre incendios pactado en el año 2018.
García Porto apeló a la responsabilidad de la Xunta de Galicia para pactar con el Ejecutivo en Madrid un plan de actuación destinado a reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos climáticos extremos “que serán más frecuentes y severos en los próximos años segundo viene de demostrar la comunidad científica”. Esta moción se trató junto a una iniciativa de los nacionalistas sobre la ola de fuegos forestales de este verán y la demanda de medidas de prevención y salió también adelante con los votos a favor del PSdeG y del BNG y los votos en contra del PP.
Las mociones del PP
Los diputados del Grupo Provincial Popular alcanzaron la aprobación (votos a favor del PP, en contra del PSOE y abstención del BNG) de una iniciativa para reclamar ante lo Gobierno del Estado que deje de desconectar a Lugo por carretera, ferrocarril y por los aires “restando competitividad a la provincia y lastrando el futuro de la actual y próximas generaciones”.
El portavoz popular, Antonio Ameijide, espera que José Tomé cumpla con el acuerdo del pleno y “reclame de forma real y efectiva” al Gobierno de Pedro Sánchez que “mejore las comunicaciones existentes y ponga en marcha todos los servicios de los que carecemos, como aquellas infraestructuras que guardaron en un cajón y son vitales para la vertebración del territorio y mejora de las comunicaciones”.
“Es fundamental impedir la desconexión de Lugo en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de Sánchez”, señaló.
Antonio Ameijide también cuestionó “la nula valentía y capacidad de maniobra” de Miguel Fernández, diputado provincial y alcalde de Lugo, que “mientras en el pleno del Ayuntamiento de Lugo votó a favor de la misma iniciativa, en la Diputación tiene que obedecer a la dictadura de José Tomé”. “Debe ser de que desde la Plaza Mayor hasta San Marcos pierde su capacidad de decisión”, criticó.
“Mención semejante hacemos al BNG, ya que mientras sus compañeros del Ayuntamiento de Lugo apoyan esta reclamación, Efrén Castro, Iria Castro y Daniel García miran cara otro lado y con su abstención dicen que no hay nada que reclamar a Pedro Sánchez”, denunció.
PSOE y BNG votaron en contra de una iniciativa del Grupo Popular para que la Diputación de Lugo, "cumpliendo con las competencias que le confiere la ley", colabore con los Ayuntamientos de la provincia a la hora de asesorar técnicamente y acercar financiación para ejecutar mejoras y dotar a los distintos núcleos de población de “servicios básicos” como el abastecimiento de agua y el saneamiento.
Los populares creen que “la Diputación, que tiene más capacidad económica que los Ayuntamientos, debe apoyar convenios con las distintas administraciones y colaborar en la financiación de estos servicios con los que sí está colaborando la Xunta de Galicia”. A pesar de tratarse de servicios municipales, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local también recoge que las diputaciones provinciales deben asegurar los servicios municipales y prestar los servicios de carácter supramunicipal o comarcal.
En relación al Plan Diputación, subrayaron que “no es suficiente para hacer frente a inversiones tan elevadas que requieren de un importante esfuerzo económico por parte de los Ayuntamientos”. Por eso es por lo que desde el Grupo Popular defienden un plan específico de la Diputación en materia del ciclo del agua “que el gobierno de PSOE y BNG se negó a poner en marcha cuando lo propusimos ante lo Pleno de la Diputación”.
MOCIÓN NACIONALISTA
El pleno aprobó también una moción del BNG qué demanda a la Xunta de Galicia un giro de las políticas contra los fuegos para centrarse en la prevención y en la ordenación del monte. El diputado Daniel García, que comenzó la intervención con palabras de apoyo y solidaridad para el vecindario afectado y para el personal de extinción, señaló el “abandono de la gestión forestal” por parte de la Xunta de Galicia como uno de los factores críticos frente a los incendios.
“Los montes ocupan el 65% de la superficie terrestre de Galicia, con 1,3 millones de hectáreas de bosques y plantaciones forestales. Hay más de 600.000 propietarios forestales, de los cuales la inmensa mayoría no residen donde se encuentra la propiedad forestal”, recordó el diputado para señalar que “falta ordenación territorial. Debemos apostar por modelos de gestión que incidan en el mosaico tradicional y permitan la discontinuidad de las masas forestales continuas"
El diputado nacionalista señaló que “tenemos normativa y leyes más que suficientes para aplicar políticas reales y eficaces de prevención de los fuegos. Solo precisamos voluntad política. Algo que ustedes no aplican”, analizó el diputado nacionalista, que recordó como el Partido Popular negó problemáticas advertidas desde el ámbito municipal como “la falta de medios y recursos de los ayuntamientos para asumir la gestión y el mantenimiento de las redes de fajas secundarias o aplicar los plan de prevención de incendios”.
El diputado nacionalista denunció también que la Xunta tenga sin asignar 2,5 millones de euros de fondos europeos (FEADER) para acometer trabajos de prevención de incendios como la creación de cortalumes y la limpieza de las pistas forestales.