La Diputación aprueba la reclamación a la Xunta para mantener los servicios sanitarios en el rural en verano
La Diputación de Lugo le exigirá a la Xunta de Galicia que ponga fin a los recortes en sanidad, que mantenga los servicios médicos en los consultorios del rural de la provincia durante el verano y que active un plan de choque para evitar cierres y reducción en los horarios de atención. Así se acordó en el Pleno ordinario del mes de julio celebrado este martes tras una propuesta de Gobierno que fue aprobada con los votos a favor del PSdeG y del BNG y con la abstención del PP.
Explicó el Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, antes de la sesión plenaria, que “tenemos hoy muchos consultorios cerrados, justamente durante el verano que es cuando más gente hay”. Enmarcó la iniciativa “en el compromiso de la institución con los servicios públicos universales y de calidad, especialmente con la sanidad” de la institución provincial, considerando los recortes “un sinsentido que va en contra del trabajo que todos hacemos para consolidar la provincia como un destino turístico sostenible y atractivo”.
En esa misma línea, la Diputada por la Llana, Marisol Morandeira, añadió que la Xunta “consigue hacer realidad algo más difícil aún: empeorar más la deficiente atención sanitaria que reciben los gallegos y las gallegas”. Explicó que a los defectos tradicionales de largas listas de espera, déficit de personal, y a los problemas crónicos en urgencias y atención primaria, o la “sanidad de segunda” en el rural, “se suman como siempre los recortes de verano”, que provocan una descompensación mayor, puesto que se trata de una época del año en el que también se incrementa la población.
Morandeira citó al Conselleiro de Sanidad, que anunció el cierre del 8,3% de las camas hospitalarias en verano y también “de algún consultorio, como todos los años” y lamentó que en la provincia de Lugo, “como resultado del desmantelamiento de las áreas sanitarias de Monforte de Lemos y A Mariña, el porcentaje de camas hospitalarias cerradas será del 11,5%; más de tres puntos por encima de la media gallega”.
Detalló la Diputada que en Guitiriz, los recortes extra de verano van a suponer el cierre, “probablemente por tres meses”, del consultorio de Parga. También que cierren los de Doiras, en el ayuntamiento de Cervantes, o el de Castro de Rei, que desde la pandemia no recuperaron el horario normal de lunes a viernes. En A Mariña, el consultorio de Cervo y Centro de Salud de San Cibrao compartirán una única médica, que atenderá sin cita, por orden de llegada, en horario de 10:20 a 15:00 horas.
Problemas que se suman a los “constantes” que sufren la Atención Primaria, las Urgencias o la Pediatría, como es el caso “sangriento del servicio compartido insuficiente para los ayuntamientos de Castro de Rei, Cospeito y Outeiro de Rei, “con enfermos derivados a Vilalba o al propio HULA, en Lugo”.
El texto de la propuesta recoge, además, instar a la Xunta de Galicia la apertura de los consultorios de Parga, Doiras y Castro de Rei, con la recuperación de sus horarios habituales; la recuperación de los servicios y ampliación de horarios en el consultorio de Cervo y en el Centro de Salud de San Cibrao; y el relevo de todas las plazas de medicina de familia que se encuentran sin cubrir por jubilación en Ourol, O Valadouro, Ribadeo, Trabada, Viveiro, Xove y en aquellos centros en los que existe ausencia de profesionales sanitarios, como en el caso de O Vicedo o Riotorto.
La portavoz del grupo provincial del BNG, Iria Castro, volvió a poner el foco en la escasez de profesionales de medicina de familia y pediatría en numerosos centros de salud de la provincia de Lugo. Advirtió de que el plan de la Xunta para el verano “vuelta a basarse en la precarización de los médicos residentes, que ejercen sin una supervisión clara, y en la prolongación voluntaria de las jornadas laborales”. Hizo una crítica irónica al respeto: “¿Están preparando un festival o gestionando la sanidad pública gallega?”, se preguntó.
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
La Corporación Provincial acordó en la sesión plenaria dos Declaraciones Institucionales: una de ellas realizada con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños -que se celebrará el próximo 23 de septiembre-; y otra en la que la institución provincial pone de manifiesto el “firme compromiso” de alcanzar una sociedad basada en el respecto a ley y la convivencia. Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Lugo -PSdeG, BNG y PPdeG- acordaron aprobar ambos textos que pretenden erradicar cualquier forma de violencia, discriminación y odio, y promover una sociedad inclusiva y segura basada en la igualdad y en los derechos humanos.
Además, la Diputación también muestra su apoyo a las políticas públicas que protegen a las víctimas, fomentan los valores educacionales y fortalecen la cohesión social. Asimismo, pone en valor a importancia de mantener una colaboración activa entre las administraciones locales, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para construir un entorno libre de explotación, racismo y cualquier forma de discriminación.
En el mismo pleno, el PSdeG no logró sacar adelante la moción en la que pedía que Elena Candia, presidenta provincial del PP, dejara la política y pidiera disculpas a las personas afectadas por la Operación Pulpo, en la que fue investigado el socialista José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación. El BNG optó por la abstención, algo que el portavoz del PP, Antonio Ameijide, interpretó como “la soledad política de José Tomé”, a lo que instó a dimitir directamente.
Tampoco prosperó la propuesta del PP de detener el desarrollo urbanístico del polígono C en el entorno del Ratón y del barrio de Paradai, con el objetivo de preservar ese espacio como zona verde. Los populares advirtieron que se proyecta levantar una torre de ocho plantas y que, si se devuelven el dinero al adjudicatario, los terrenos podrían regresar a manos de la Diputación.
El que sí obtuvo luz verde fue la aprobación, en el segundo intento, de la actividad económica y el régimen jurídico del Centro de Atención a Personas Mayores de Becerreá. La propuesta había quedado en suspenso en la anterior sesión por la ausencia de los tres diputados socialistas que habían apoyado la candidatura alternativa a Tomé. En esta ocasión, la moción fue aprobada pese a las protestas vecinales frente al Pazo de San Marcos y a la oposición de los concejales del Partido Popular.
Al final del pleno, Antonio Ameijide criticó que esta aprobación “consolida la desigualdad con la comarca de Os Ancares”, al establecer, segundo indicó, que los usuarios del centro de Becerreá tendrán que asumir un coste un 60% superior a lo que se aplica en otras residencias de la Diputación para el mismo servicio.
El pleno aprobó también, a propuesta del BNG, reclamar a la Xunta el refuerzo de las medidas de control de la avispa del castaño ante el aumento de la plaga en Os Ancares, O Courel y A Fonsagrada, así como el mantenimiento de las ayudas directas a las productoras de castañas.
Además, el BNG logró apoyo para otra moción que pide una regulación clara de la instalación de plantas de biogás, con el objetivo de proteger los núcleos de población y el medio natural, evitando situaciones como la vivida en Coeses (Lugo). Efrén Castro reclamó una normativa que fije distancias mínimas y limite la localización de estos proyectos según criterios de interés público y no empresariales.