La Diputación de Lugo le exigirá a la Xunta un plan de transporte por carretera para la provincia

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El texto de la moción recoge instar a la Xunta de Galicia al diseño de rutas interiores, tanto dentro de la provincia como en la comunicación con otros puntos de la comunidad gallega
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28 Dec 2024

La Diputación de Lugo le exigirá a la Xunta de Galicia un plan de transporte por carretera para la provincia de Lugo tras una moción socialista que fue aprobada con los votos a favor del PSdeG y del BNG y con los votos en contra del PP.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, dijo que “la Xunta tiene que dejar de tirar balones fuera, ponerse las pilas y comunicar bien por bus nuestros ayuntamientos”. En ese sentido, subrayó que igual que el Estado es el responsable de las grandes líneas, haciendo una similitud con el tren: del AVE y los servicios de larga distancia; la Xunta “es quien tiene las competencias de las cercanías”.

La portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, dice que el Estado prevé 40 millones de euros en ayudas para que las comunidades autónomas asuman las rutas de su competencia y reprochó que la Xunta de Galicia, en lugar de estar pensando en cómo hacer el mejor uso diera inversión no asumen sus competencias en movilidad.

El texto de la moción recoge, además, instar a la Xunta de Galicia al diseño de rutas interiores, tanto dentro de la provincia como en la comunicación con otros puntos de la comunidad gallega, garantizando la interconectividade no solo entre las grandes ciudades, sino también en los ayuntamientos del rural; y complementar ese servicio con uno de “lanzaderas” que permitan a todos los lucenses conectar adecuadamente con los puntos de enlace de las rutas nacionales e internacionales.

Por su parte, los populares rechazaron la propuesta del PSOE al considerar que “pretenden exigir a otros lo que quita el Gobierno de Sánchez en Madrid”.  En la provincia de Lugo, son nueve los ayuntamientos excluidos del nuevo mapa estatal (Chantada, Guitiriz, Monterroso, Palas de Rei, Quiroga, Baraja, A Pontenova, Meira y As Nogais). “Me gustaría saber cómo les explican los alcaldes socialistas a sus vecinos que Sánchez retira paradas y que eso es una buena medida para ellos. Todo por defender al número uno”, expuso el portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide. “Hablan de abaratar costes, pero nos preguntamos a quién, porque los usuarios tendrán que comprar, como mínimo, dos billetes para desplazarse a localidades a las que antes sí podían viajar en una única línea”, añadió.

Titularidad femenina de las explotaciones agroganaderas

El Pleno sacó también adelante una moción de los socialistas para pedirle a la Xunta de Galicia que fomente la titularidad de la mujer en las explotaciones agroganaderas.

García Porto explicó que la Xunta de Galicia no aprovecha la Ley impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero para reconocer la labor de las mujeres en el rural que, de facto, trabajan en pie de igualdad en las explotaciones, pero que en el papel consta aún en muchos casos como “ayuda familiar”, lo que dificulta que accedan a líneas de crédito o a bienes y derechos vinculados al rendimiento de la tierra.

Esta moción salió también adelante con los votos a favor del PSdeG y del BNG y los votos en contra del PP. En este sentido, el Pleno de la Diputación dio luz verde a un texto que reclama a la Xunta de Galicia que diseñe y desarrolle un conjunto de medidas que fomenten la adscripción de la mujer en las explotaciones agroganaderas al régimen única o compartida, como manera de poner en valor el trabajo de la mujer rural y facilitar su acceso a todos los derechos.

PETICIÓN A LA XUNTA DE MEJORAR El SAF

El BNG impulsó una propuesta para reclamarle a la Xunta de Galicia que incremente los recursos destinados al Servicio de Ayuda en el Hogar de 12 a 20 euros a hora y que refuerce los equipos de valoración de la dependencia.

En esta, que se aprobó en el pleno provincial, puso de manifiesto lo deterioro de la atención a las personas mayores con un tiempo de espera media para tramitar la dependencia de 378 días, y la insuficiencia de los fondos que reciben los ayuntamientos para financiar este servicio.

“Precisamos dar una vuelta a la financiación para seguir prestando este servicio, que está recayendo sobre las trabajadoras sociales que soportan una carga burocrática ingente y sobre el lomo de las trabajadoras del SAF que hacen un trabajo físico y emocional fundamental en puestos precarios y mal pagados”, sostuvo la portavoz nacionalista Iria Castro, durante su intervención, en la que reprochó a la Xunta.

La diputada nacionalista afeó el voto en contra de los diputados del Partido Popular, “una deslealtad hacia sus propios ayuntamientos y cara las necesidades de las personas usuarias y de sus familias”, y recordó la trayectoria de los populares en el gobierno del Estado y en la Xunta respeto de la dependencia.

“El gobierno de Mariano Rajoy recortó derechos y prestaciones, pero luego escogieron no protestar” y “ahora tenemos un servicio que pone en riesgo a estabilidad de los ayuntamientos y 2.703 mayores esperando por una valoración”, recordó la diputada, que acusó al actual gobierno de la Xunta de “no querer gestionar”, eludiendo reclamar al Estado la quita de la deuda propuesta por el BNG.

CONTRA ALTRI

El BNG también llevó al pleno provincial una moción para ratificar el rechazo del pleno provincial al proyecto de construcción de la macrofactoria de Altri en Palas de Rei, tras la multitudinaria manifestación en contra de la celulosa celebrada el pasado 15 de diciembre en Compostela, convocada por el colectivo Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa.

El vicepresidente de la Diputación y diputado nacionalista, Efrén Castro, lamentó que el Partido Popular y Partido Socialista no habían apoyado la propuesta, que evidencia el impacto en el territorio, en medio natural y en el patrimonio de la macrocelusosa y que da eco las demandas de la sociedad gallega que se manifestó multitudinariamente contra este proyecto.

El diputado nacionalista defendió la movilización democrática de una sociedad que no quiere esta industria de enclave en su país frente “a los intereses económicos” que guían la posición del Partido Popular, de la mano de Altri.

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