La Diputación firmó convenios con los nueve ayuntamientos con residencias de mayores por los que asume el coste de los centros
La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, firmó este viernes con los alcaldes un convenio marco de colaboración para asumir el coste de las residencias de la institución provincial. Los regidores de Castroverde, A Fonsagrada, Meira, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribadeo, Ribas de Sil y Trabada firmaron en la Sala de Exposiciones del Pazo de San Marcos este documento, que asienta las nuevas bases de cooperación en el que tiene que ver con los Centros de Atención a Mayores (CAMs) situados en esos municipios.
“Hoy damos un paso muy importante. Un paso que tiene que ver con quién somos como institución y con el que entendemos que debe ser el papel de una Diputación en el siglo XXI”, expuso la Presidenta. Explicó que desde el 2019 la institución provincial asumió de forma directa la gestión de los CAMs, “lo hicimos porque creemos que los servicios sociales son un derecho, no un negocio”, pero incidió en que la Diputación es “una administración eficiente, lo que implica revisar, mejorar y modernizar los marcos de colaboración con los ayuntamientos. Eso es lo que hacemos hoy con los nuevos convenios”.
Carmela López explicó que el compromiso de la Diputación se traduce en un “alivio real y significativo para los ayuntamientos”, porque la institución provincial pasa a asumir “la diferencia completa entre el coste del servicio y lo que pagan los residentes, sin trasladar parte de la carga a los municipios”.
En ese sentido, el Diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, que acompañó a la Presidenta durante la firma, puso como ejemplo que en el 2024 el coste real de atender a una persona dependiente en los CAMs de la Diputación fue de 2.378,75 euros al mes, asumiendo el residente un máximo de 1.390. La diferencia era asumida en un 75% por la institución provincial y un 35% por los ayuntamientos, con un tope de 200 por usuario al mes en los municipios de menos de 5.000 habitantes y un tope de 600 en aquellas localidades con más población. En términos absolutos, detalló Rivera Capón, los ayuntamientos afrontaron en el 2024 un coste medio de 76.000 euros, y ahora destinarán en torno a los 15.000 para gastos de basura, abastecimiento de agua y pequeñas reparaciones que no superen los 500.
“Esta es nuestra política”, defendió Carmela López “que sea la institución provincial a que absorba ese esfuerzo económico, porque tenemos los recursos para hacerlo y tenemos el convencimiento, y porque los ayuntamientos más pequeños de la provincia de Lugo no pueden afrontarlo solos”. Hizo hincapié en que “los servicios sociales no se improvisan, se construyen con tiempo, con inversión pública y con voluntad política”. Algo que la Diputación “lleva años haciendo. Hoy consolidamos ese camino con un modelo más sólido, más justo y más sostenible”.
En el 2029 los ayuntamientos habrán ahorrado, gracias a este nuevo marco, entre 1,7 millones de euros en el caso de A Fonsagrada y 2,2 millones en el caso de Ribadeo, que es el CAM de la Diputación más grande en número de usuarios. “Ese dinero queda nos vuestros municipios, para vuestras prioridades, para poder atender mejor a vuestros vecinos y vecinas. Porque entendemos que fortalecer la Diputación no significa debilitar a los ayuntamientos, todo el contrario, significa liberaros de cargas”, explicó la presidenta a los alcaldes.
Nuevas ordenanzas de acceso y precio único
Entre las novedades más destacadas del nuevo marco jurídico, Carmela destacó una nueva ordenanza de acceso provincial, la norma que regula como se ingresa en los centros y “que refuerza la regla de prioridad por vecindario”. Precisamente, el documento –que tendrá que ser aprobado en el Pleno- mantendrá la filosofía de la normativa actual, que favorece la prioridad por cercanía geográfica al CAM, y ajustándose al modelo de atención que ya aplican las residencias de la Diputación: bienestar psicológico, vida social y relación con el entorno y la familia.
En ese sentido, argumentó la presidenta que “el modelo que construimos tiene un nombre: cercanía”, lo que significa que “una persona mayor de Castroverde, A Fonsagrada o Ribadeo puede envejecer con dignidad cerca de los suyos, en su tierra, en su entorno. Que no tiene que marcharse lejos con los nuevos convenios”. Y puso en valor que estos años la Diputación cuidó de 569 personas a través de un modelo de atención “que no solo se centra en el bienestar físico, sino también en la mente y en el vínculo de cada persona con sus orígenes”.
Destacó además que la institución provincial garantizadora “estándares homogéneos de calidad en todos los centros, independientemente de en qué municipio estén. Y protegemos especialmente a quien menos tiene, respetando siempre el mínimo vital”.
Detalló que también se elaborará una ordenanza de precio público que regulará la cuantía a pagar por las personas usuarias. La cantidad que paguen los residentes se calculará teniendo en cuenta tres cuestiones: el coste real del servicio, la capacidad económica de cada persona y el sistema actual de protección para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Un sistema que busca también que las personas con ingresos más altos contribuyan más al coste del servicio.
La Diputación tiene a día de hoy 9 residencias en funcionamiento de las 18 proyectadas. Las de Trabada, Pol y Ribadeo comenzaron a funcionar a lo largo del 2019 y en apenas cuatro años se pusieron en marcha las otras seis. La de A Fonsagrada abrió en el 2020, Castroverde, Meira y Pedrafita do Cebreiro en el 2021, Navia de Suarna en el 2022 y finalmente Ribas de Sil en el 2023. Además, la institución provincial avanza en la apertura de la de Becerreá, tiene en marcha las obras en Guitiriz, A Pobra do Brollón y A Pontenova; y continúa a trabajar en los proyectos de los centros que se abrirán en Portomarín, Ourol, Cervantes, Folgoso do Courel y Pantón.