La Xunta y el Goberno local de Lugo, enfrentados por el transporte escolar
El inicio del curso escolar en el IES Sanxillao ha generado un nuevo conflicto entre la Xunta y el Gobierno local de Lugo, representado por BNG y PSOE, a raíz de los cambios en el servicio de transporte escolar para el alumnado de los barrios del Sagrado Corazón y Galegos. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, acusó al PSOE de “mentir descaradamente” y defendió que la incidencia inicial, que dejó a algunos estudiantes sin plaza en el autobús, se resolvió rápidamente con la incorporación de un vehículo de mayor capacidad. Según destacó, los alumnos que cumplen los requisitos normativos mantienen su plaza, mientras que el resto puede utilizar el autobús de manera gratuita a través de la Tarxeta Xente Nova. Arias lamentó que los socialistas utilicen el transporte escolar como “instrumento de confrontación política”, generando confusión entre las familias, y subrayó que la prioridad de la Xunta es garantizar un servicio de calidad en una zona sin conexión directa de bus urbano con Las Fontiñas o el Campus Universitario. Además, instó al PSOE a centrarse en que el Ayuntamiento diseñe rutas urbanas adecuadas.
Por su parte, la concejala del BNG, Maite Ferreiro, denunció que la pérdida de este servicio afecta directamente a la conciliación familiar y a la calidad educativa. Su grupo defenderá en el pleno de septiembre una iniciativa para instar a la Xunta a recuperar el transporte escolar eliminado en el IES Sanxillao, recordando que la normativa autonómica permite autorizar el servicio en situaciones de especial dificultad, como se venía haciendo en años anteriores. Según Ferreiro, la modificación de la instrucción de la Xunta dejó sin transporte escolar a familias que cumplían los requisitos históricos, y reclamó que se garantice igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en el acceso al servicio.
También el PSOE de Lugo, a través de su portavoz Ana González Abelleira, denunció que la aplicación de la Instrucción 1 de 2025 afectó a más de 30 familias, suprimiéndoles el transporte escolar, y criticó la solución temporal adoptada por la Xunta, que consideran precaria y sin garantías legales. La portavoz insistió en la necesidad de una normativa estable que contemple excepciones para trayectos de especial dificultad y subrayó que el transporte escolar no es un privilegio, sino un derecho esencial para garantizar una escuela pública inclusiva y segura. Según el grupo socialista, Lugo merece la misma atención que el resto de ciudades gallegas, y la modificación normativa debería asegurar que ninguna familia quede excluida de un servicio que lleva más de 25 años funcionando.