Lugo da luz verde a la ordenanza de la zona de bajas emisiones, que limita el acceso al casco histórico

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo dio su aprobación a la nueva ordenanza que regula la zona de bajas emisiones en la ciudad, un texto que contempla un periodo de adaptación de seis meses desde su entrada en vigor. Durante ese plazo, el Concello pondrá en marcha una fase informativa dirigida a los conductores para explicar los límites de acceso, los usos permitidos y las restricciones vigentes, al tiempo que comenzará a aplicarse el control de entradas, aunque sin imponer sanciones económicas.
La normativa divide el ámbito afectado en seis áreas diferenciadas, cada una con accesos y salidas concretas. La primera comprende el entorno de Campo Castelo, la Praza Maior y la Catedral, con entradas por las puertas de Santiago y Bispo Aguirre y salidas por Bispo Aguirre y Bispo Izquierdo. La segunda engloba A Tinería, la Rúa Miño y Porta Miñá, con acceso y salida por esta última. La tercera abarca Santo Domingo, Armanyá, Soidade, Praza, Progreso y San Pedro, con entrada y salida por la puerta de A Estación, en la Rúa Teatro. La cuarta corresponde a la zona del IES Xoán Montes y Ollos Grandes, con acceso por Bispo Odoario. La quinta afecta a Montevideo, con entrada por Bispo Odoario y salida por San Fernando, mientras que la sexta incluye San Marcos, Praza de Ferrol, Bolaño Rivadeneira y Rúa Nova, con acceso único por San Fernando.
El texto establece qué vehículos podrán circular por el recinto histórico. Los residentes deberán tener su coche dado de alta, con un máximo de dos por vivienda, y solo podrán detenerse frente a su portal durante un máximo de 30 minutos. También se autoriza el acceso a quienes se dirijan a aparcamientos públicos o dispongan de plaza de garaje, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, dentro del casco histórico.
Asimismo, podrán entrar los vehículos que trasladen a personas alojadas en hoteles, con una parada limitada a media hora y siempre que se haya comunicado previamente al Concello la matrícula, el día, la hora y el destino. Los taxis y los servicios de reparto a domicilio tendrán igualmente un tiempo máximo de detención de 30 minutos, mientras que los servicios funerarios no estarán sujetos a límite temporal. Las personas con movilidad reducida o que requieran acompañamiento, debidamente acreditado, podrán acceder y estacionar durante 30 minutos en zonas de carga y descarga y hasta dos horas en plazas reservadas.
La ordenanza permite también la circulación de vehículos municipales, servicios de emergencia, ambulancias o Correos, así como de los servicios de obras y mantenimiento, que deberán informar con antelación del día, la matrícula y el destino. Los comerciantes podrán acceder en cualquier momento, aunque solo podrán detenerse frente a su negocio durante un máximo de media hora. Las bicicletas y los patinetes eléctricos quedarán excluidos de cualquier restricción.
Deberán inscribirse en el registro los residentes, los titulares de comercios situados en estas áreas, los propietarios o arrendatarios de plazas de garaje y las personas con autorizaciones específicas, como las vinculadas a centros de salud. No estarán obligados a realizar este trámite quienes accedan a aparcamientos públicos, las personas con movilidad reducida acreditada, quienes entren de forma puntual para prestar un servicio profesional o los vehículos asociados a establecimientos hoteleros, entre otros supuestos.
En cuanto a los vehículos de gran tamaño, la normativa fija como regla general un límite de 5.500 kilos de peso, aunque se prevén excepciones para el transporte de equipamiento hospitalario, el suministro de combustible, las obras y materiales de construcción, el montaje de eventos promovidos o apoyados por el Concello o el traslado de cargas indivisibles.
La ordenanza recoge también el régimen sancionador. Una vez finalizado el periodo de moratoria, los conductores que accedan, circulen, se detengan o estacionen en la zona de bajas emisiones sin autorización o superando los tiempos permitidos se enfrentarán a sanciones de 200 euros.