Lugo Monumental denuncia la venta de falsificaciones en los puestos municipales del San Froilán
Lugo Monumental ha llevado ante la Valedora do Pobo una problemática que considera "intolerable": la venta de productos presuntamente falsificados en los puestos gestionados por el Ayuntamiento de Lugo durante las fiestas del San Froilán.
Según la asociación, esta situación ha sido ignorada por las autoridades locales y regionales, a pesar de las reiteradas denuncias desde octubre de 2023, momento en el que Lugo Monumental presentó denuncias al Ayuntamiento de Lugo, la Xunta de Galicia, la Subdelegación del Gobierno e incluso la Fiscalía Provincial. "Sin embargo, las respuestas han sido insuficientes o inexistentes", destacan.
La primera denuncia al Ayuntamiento fue respondida con un correo electrónico en el que se afirmaba que, al haber finalizado las fiestas, no era posible verificar los hechos. En 2024, una nueva denuncia no recibió respuesta alguna.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno trasladó el asunto a la Policía Nacional sin dar más información, mientras que la Xunta de Galicia, con competencias en comercio, tampoco actuó.
"La gravedad del caso radica en que los productos falsificados se comercializan en puestos adjudicados por el propio Ayuntamiento, lo que podría llevar al público a asumir que se trata de mercancías legítimas", explican, por lo que Lugo Monumental denuncia la falta de controles adecuados, que consideran una "dejación de funciones" por parte de la administración.
Además, recuerdan que el artículo 408 del Código Penal contempla penas de inhabilitación para autoridades o funcionarios que, intencionadamente, dejen de promover la persecución de delitos conocidos.
Competencia desleal y perjuicio a los comerciantes
La asociación subraya que esta situación genera una competencia desleal para los comercios que cumplen con las normativas vigentes, dañando la reputación de las fiestas y la confianza en las instituciones.
Por esto, Lugo Monumental ha solicitado que la Valedora do Pobo investigue el caso y determine las responsabilidades pertinentes.
Entre sus demandas, destacan identificar a las autoridades competentes en esta situación, investigar si se han adoptado medidas desde 2023 y evaluar su efectividad, y proponer y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento de las normativas y pongan fin a esta problemática.
La asociación advierte que, de no solucionarse la situación, no descarta emprender nuevas acciones legales o administrativas en defensa del comercio justo y la legalidad.