O PP reclama en Monterroso compensaciones para los concellos con cárceles
El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados dos iniciativas centradas en defender los intereses de los ayuntamientos que albergan centros penitenciarios y en promover el desarrollo económico de los municipios a través del apoyo al comercio local.
En una visita al centro penitenciario de Monterroso, los diputados nacionales del PP por Lugo, Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades, junto con la portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Belén Vázquez, y acompañados por el alcalde Eloy Pérez, presentaron estas propuestas con el objetivo de “garantizar un trato justo” a los ayuntamientos afectados.
La primera de las iniciativas, presentada como Proposición No de Ley (PNL), solicita que el Gobierno de España compense económicamente a los municipios en los que se ubican cárceles dependientes del Ministerio del Interior. Los populares denuncian que estos ayuntamientos están obligados por ley a prestar servicios básicos como el suministro de agua, la recogida de basura o el mantenimiento viario, sin recibir contraprestación alguna por parte del Estado. Además, estos centros están exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone una importante pérdida de ingresos para las arcas municipales.
Para paliar esta situación, el PP propone que se tengan en cuenta datos como la población media anual de reclusos a la hora de repartir los Fondos de Cooperación Local, así como que se compense la pérdida de recaudación del IBI mediante una asignación fija anual a través de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado (PIE).
La segunda PNL se dirige al Ministerio del Interior con una propuesta para que se prioricen, siempre que sea posible, las compras públicas en los comercios locales. “Se trata de una medida de apoyo al comercio de proximidad, que favorece el empleo, el asentamiento de la población y la creación de oportunidades en los pequeños municipios”, explicaron los diputados.
“No pedimos ningún trato de favor, sino un trato justo para los ayuntamientos que, además de asumir responsabilidades que no les corresponden directamente, ven mermados sus ingresos”, concluyen desde el Grupo Popular.