ADEGA pide la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a recuperar la protección ambiental de la zona prevista para Altri
ADEGA acaba de solicitar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a la Xunta a restituir la protección ambiental del área en la que estaba previsto instalar la macrocelulosa de Altri. La organización ecologista denuncia que el Gobierno gallego no ha cumplido voluntariamente el fallo, que adquirió firmeza en abril de 2026, y advierte de que la modificación normativa que pretende introducir a través de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027 podría limitar los efectos de la resolución judicial.
El conflicto se remonta a la aprobación, hace dos años, de la Estrategia de la Infraestructura Verde (EIV) de Galicia. Según recuerda ADEGA, la Xunta eliminó entonces la protección prevista para el territorio en el que se proyectaba construir la fábrica de Altri, sin aportar una justificación para el cambio. La organización sostiene que esta modificación pretendía facilitar la implantación industrial en un área con hábitats prioritarios y especies amenazadas, cuya protección inicial como "zona de amortiguación" dificultaría el desarrollo del proyecto.
ADEGA recurrió por la vía contencioso-administrativa la orden que aprobaba la estrategia modificada. En febrero de 2026, el TSXG falló a favor de la entidad ecologista en la sentencia 00060/2026 y condenó a la Xunta a recuperar la consideración de "zona de amortiguación" para el área pretendida por Altri.
En la resolución, la Sala Segunda del tribunal consideró que la actuación de la Administración autonómica era contraria al principio de no regresión ambiental. Además, calificó el cambio de criterio de "contradictorio y sumamente extraño", al no estar motivada ni justificada la retirada de la protección prevista inicialmente.
Para ADEGA, la recuperación de esta figura de protección cuestiona la posibilidad de desarrollar el proyecto de celulosa en la ubicación propuesta y afecta a la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concedida en su momento por la Consellería de Medio Ambiente, ya que, según la organización, no habría tenido en cuenta los niveles de protección asociados a la condición de zona de amortiguación.
La sentencia adquirió firmeza en abril de este año. Sin embargo, transcurridos seis meses sin que la Xunta la ejecutase voluntariamente, ADEGA decidió instar su ejecución forzosa ante la justicia. El fallo establece que la Administración debe restablecer la protección que figuraba en la Estrategia antes del trámite de información pública y anular la modificación posterior.
La organización considera que el cumplimiento de la resolución podría dejar sin aval ambiental el proyecto de Altri en ese territorio, al incurrir la DIA en un posible vicio de nulidad, en caso de que se pretendiese retomar la iniciativa.
ADEGA denuncia una modificación legal para sortear la sentencia
La entidad ecologista también alerta de la modificación de la Ley de ordenación del territorio que la Xunta pretende incorporar a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2027. En su opinión, la reforma tiene como finalidad evitar las consecuencias de la sentencia 00060/2026, que obliga a mantener en la Estrategia de la Infraestructura Verde la protección del área prevista para la instalación industrial.
ADEGA cuestiona la argumentación normativa empleada por el Gobierno gallego, que, según explica, parte de una supuesta confusión entre la Estrategia de la Infraestructura Verde aprobada en 2024 y la figura de la infraestructura verde recogida en la Ley de ordenación del territorio de 2021.
La reforma modifica el punto 3 del artículo 4 de la Ley 1/2021 para establecer que los instrumentos de ordenación territorial deberán tener en cuenta las determinaciones de los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos y los elementos que, conforme a las directrices de las estrategias de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológicas, integren la infraestructura verde de Galicia "tras su selección y declaración formal".
Además, la propuesta elimina el artículo 9.2 y modifica el artículo 9.3 y la letra h del artículo 24.1, con el objetivo de que los instrumentos de ordenación territorial definan la infraestructura verde y regulen los usos permitidos en sus espacios, una vez que la Xunta los declare oficialmente.
Según ADEGA, hasta ahora los espacios identificados en la Estrategia de la Infraestructura Verde debían incorporarse, identificarse y caracterizarse directamente en los instrumentos de ordenación territorial. Con la modificación propuesta, su inclusión efectiva en la infraestructura verde dependería de una declaración formal de la Xunta, independientemente de que ya apareciesen en la estrategia aprobada en 2024.
La organización considera que este cambio convertiría en una decisión discrecional del Gobierno gallego la protección que hasta ahora derivaba de la inclusión de los espacios en la estrategia. ADEGA califica la iniciativa de "treta antidemocrática e infame" y sostiene que podría permitir recuperar el aval ambiental al proyecto de Altri si el PP y Vox llegasen al Gobierno central y modificasen también la planificación eléctrica.
La entidad establece un paralelismo con la reforma que, según denuncia, permite volver a tramitar parques eólicos paralizados cautelarmente. A su juicio, ambas iniciativas persiguen limitar los efectos de las resoluciones judiciales mediante cambios legislativos impulsados por la mayoría parlamentaria.
"Si por sentencia se declara la ilegalidad de una acción de la Xunta o se paralizan los efectos de una decisión administrativa, el PP aplica el rodillo parlamentario para subvertir la división de poderes y el control del poder ejecutivo por el judicial", sostiene ADEGA, que acusa al Partido Popular de utilizar la normativa autonómica para favorecer intereses privados y sortear decisiones de los tribunales.
La organización ecologista advierte a la ciudadanía gallega de que, según su interpretación, el PP estaría dispuesto a retomar el proyecto de la macrocelulosa si llega al Gobierno del Estado. También traslada su preocupación al poder judicial y pide que se tenga en cuenta esta actuación por sus posibles implicaciones para el funcionamiento del sistema democrático.
ADEGA concluye que mantendrá su oposición a la iniciativa industrial y que actuará frente a una eventual reactivación administrativa del proyecto de Altri.