Casi 17 millones de euros: la factura del agua que amenaza con llegar a los ayuntamientos de Lugo
Los ayuntamientos de la provincia de Lugo podrían afrontar un impacto económico cercano a los 17 millones de euros por la aplicación de la Tarifa de Utilización del Agua (TUA) de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). La cifra es la estimación realizada por el Partido Popular después de analizar los convenios firmados con diferentes municipios antes de mayo de 2023.
Según denuncia la formación popular, la Confederación estaría reclamando ahora pagos por obras de abastecimiento, saneamiento y depuración que ya habían sido ejecutadas al amparo de aquellos acuerdos. El PP sostiene que los convenios originales no contemplaban estos cobros periódicos y que las liquidaciones podrían prolongarse durante los próximos 25 años.
La formación reclama que la tarifa no se aplique con carácter retroactivo y ha anunciado que llevará el asunto al Congreso y al Senado para pedir explicaciones sobre los criterios técnicos y jurídicos utilizados para aplicar estos cobros.
Los populares aseguran que los municipios afectados ya habían asumido en su momento la parte económica correspondiente a las actuaciones y consideran que introducir ahora una nueva tasa supone modificar las condiciones acordadas inicialmente.
La estimación de 17 millones de euros corresponde exclusivamente a los ayuntamientos de la provincia que se encuentran dentro de la demarcación del Miño-Sil. A esta cantidad habría que añadir, según el PP, los importes que pueda reclamar la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por los municipios del norte de la provincia bajo su jurisdicción.
Entre los ayuntamientos afectados ya existen casos en los que se han comunicado reclamaciones económicas vinculadas a obras hidráulicas realizadas años atrás. La polémica se centra ahora en determinar si estas tarifas pueden aplicarse a convenios firmados antes del cambio normativo de mayo de 2023.
Cristina Abades, diputada en el Congreso, y José Manuel Balseiro, senador, reclaman al Gobierno central que paralice las liquidaciones y revise la aplicación de la tarifa a los acuerdos antiguos.
El PP considera que estas cantidades pueden suponer una importante carga para las economías municipales, al obligar a los ayuntamientos a reservar recursos durante décadas para hacer frente a unas facturas que, según su versión, no estaban previstas cuando se ejecutaron las obras.