El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado, que todavía deberán superar la revisión electoral
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge desde este miércoles las candidaturas que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, las listas publicadas todavía no son definitivas, ya que las juntas electorales deberán comprobar en los próximos días que todas las formaciones cumplen los requisitos legales, entre ellos la alternancia de mujeres y hombres en las candidaturas y la presentación de los avales exigidos a determinados partidos.
El plazo para registrar las listas terminó a la medianoche del pasado lunes. Partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores presentaron sus propuestas ante las juntas electorales provinciales, que ahora deberán examinarlas para detectar posibles errores o incumplimientos.
Las juntas cuentan con dos días para comunicar las irregularidades que observen o que les sean notificadas. Desde el momento en que reciban el aviso, las formaciones disponen de otras 48 horas para corregir los defectos detectados. Una vez concluido este procedimiento, la proclamación oficial de las candidaturas deberá realizarse antes del próximo lunes. Las listas definitivas se publicarán en el BOE el martes 3 de noviembre.
Uno de los aspectos que se comprobarán en esta fase es el cumplimiento de las nuevas normas de paridad electoral. Por primera vez en unas elecciones generales, la legislación obliga a que las candidaturas al Congreso alternen mujeres y hombres de manera sucesiva, el sistema conocido como listas cremallera.
La normativa anterior establecía que ninguno de los dos sexos podía representar menos del 40 % ni superar el 60 % de los integrantes de una lista, una proporción que también debía mantenerse en cada grupo de cinco puestos. La reforma aprobada mediante la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria, sustituyó ese modelo por el de alternancia de género.
La exigencia afecta al conjunto de la candidatura, sin distinguir entre aspirantes titulares y suplentes. También se aplicará a las listas al Senado cuando las candidaturas se presenten agrupadas. El objetivo es avanzar hacia una composición equilibrada de las dos cámaras de las Cortes Generales.
Otro de los puntos que deberán verificar las juntas electorales es la documentación presentada por las formaciones que no consiguieron representación en el Congreso ni en el Senado en las anteriores elecciones generales.
En estos casos, la ley exige reunir las firmas de, al menos, el 0,1 % de los electores inscritos en el censo de cada circunscripción en la que quieran presentarse. Además, una misma persona no puede avalar más de una candidatura.
Entre las formaciones afectadas por esta obligación figuran Se Acabó la Fiesta (SALF), impulsada por el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, y Democracia 21, una nueva formación que concurre en coalición con Ciudadanos y UCIN y que limita su presencia a las circunscripciones de Madrid y Barcelona.
En el caso de las agrupaciones de electores, el requisito es diferente: deben acreditar el apoyo de, como mínimo, el 1 % de las personas inscritas en el censo electoral de la circunscripción correspondiente.
Nueve coaliciones concurren a los comicios
Para las elecciones del 29 de noviembre se registraron nueve coaliciones, tres menos que en las generales de 2023. Entre ellas se encuentra la del Frente Amplio, que reúne al mayor número de partidos.
En las elecciones celebradas en julio de 2023, las juntas electorales provinciales proclamaron 1.090 candidaturas a las Cortes Generales: 550 al Congreso y 540 al Senado. Fueron 186 menos que en los comicios de 2019. Durante el proceso de revisión quedaron fuera 66 listas de formaciones sin representación parlamentaria, principalmente por errores en la documentación, por no cumplir las condiciones legales o por no aportar los avales necesarios.
En aquel proceso electoral participaron 4.892 candidatos para optar a los 350 escaños del Congreso y a los 208 del Senado. Esto supuso una media de diez aspirantes por cada puesto en la Cámara Baja y de 5,5 por cada escaño de la Cámara Alta. En las elecciones del 29 de noviembre, el Senado contará con un escaño más tras el cambio constitucional que permitió que la isla de Formentera disponga de un senador propio.