El PP exige la apertura inmediata de la residencia de mayores de Becerreá
El Grupo Provincial Popular en la Diputación de Lugo ha reclamado la apertura “inmediata y sin más demoras” de la residencia de mayores y centro de día de Becerreá, después de que la justicia gallega haya confirmado de forma definitiva una sentencia que obliga a la institución provincial a poner en funcionamiento el servicio.
Según explicó el portavoz popular, Antonio Ameijide, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Becerreá y concluye que la Diputación no cumplió el convenio firmado en su día para la construcción y gestión del centro. Ese acuerdo establecía que la infraestructura debía estar operativa antes de diciembre de 2023.
El edificio, que cuenta con 96 plazas de residencia y 40 de centro de día, terminó de construirse hace años, pero sigue sin estar en funcionamiento. El fallo judicial considera que existió una falta de actividad por parte de la administración provincial al no completar los pasos necesarios para su apertura en los plazos previstos.
Ameijide responsabilizó al gobierno formado por PSOE y BNG de retrasar la puesta en marcha del servicio y los acusó de poner obstáculos durante el proceso. Señala además que la sentencia confirma, a su juicio, las demandas realizadas tanto por los vecinos como por la plataforma ciudadana creada para reclamar la apertura del centro.
El PP insiste en que ya no hay margen para más demoras y pide a la actual dirección política de la Diputación que ejecute la resolución judicial y abra las instalaciones cuanto antes. También recuerda que el proyecto fue impulsado hace años y que debería estar en funcionamiento desde finales de 2023.
Por su parte, desde el ámbito institucional se defiende que ya se estaban dando pasos administrativos para la puesta en marcha del centro antes de la resolución judicial, incluyendo trámites y procesos de licitación, y que estos continúan en marcha.
El caso podría derivar en medidas de ejecución forzosa si la residencia no entra en funcionamiento en los plazos que fija la justicia, según recogen las interpretaciones jurídicas del procedimiento.