El PP llevará al Pleno los pagos de la defensa de Tomé ante las acusaciones de agresión sexual
Los diputados del Grupo Provincial Popular desvelaron hoy que José Tomé, expresidente de la Diputación e investigado por un presunto caso de acoso sexual por ofrecer puestos de trabajo a cambio de sexo, pretende que la Diputación de Lugo, es decir, todos los lucenses, “le paguemos su defensa jurídica en este caso”.
Así lo explicaron el portavoz provincial, Antonio Ameijide, y los viceportavoces, Demetrio Salgueiro y José Ángel Santos, durante una rueda de prensa que ofrecieron esta mañana delante de la Diputación de Lugo.
Antonio Ameijide explicó que “tuvimos acceso a esta documentación, a pesar de las trabas puestas por el gobierno de Carmela López ya que, en primer término, dieron un expediente erróneo cuando pedimos conocer la petición realizada por Tomé”, señaló en referencia a que la documentación facilitada fue una petición realizada por el alcalde de Monforte para que la Diputación enviase al Ayuntamiento 2.100.000 euros.
“Ahora que tuvimos la documentación correcta, vemos cómo Tomé solicita, el 27 de abril, el pago de los honorarios de sus abogados por parte de la Diputación, algo que no vamos a permitir”, afirmó.
En este sentido, los diputados del Grupo Provincial Popular defenderán en el próximo pleno una moción “para evitar que todos los lucenses paguemos la defensa de cualquier representante de la Diputación investigado por delitos graves, como el presunto acoso o abuso sexual, o similares”.
Antonio Ameijide es contundente al respecto y pregunta: “¿Van a permitir Carmela López, PSOE y BNG que todos los lucenses paguemos la defensa de Tomé? Si lo permiten está claro que esta fue una de las condiciones impuestas por el expresidente para que Carmela López fuese nombrada presidenta de la Diputación”.
“Si José Tomé tiene problemas con la justicia, debe costearse sus abogados de su propio bolsillo. Los recursos públicos de los lucenses no se deben destinar a pagar la defensa de un presunto acosador sexual”, afirmó.
El portavoz popular fue contundente a este respecto: “¿Qué va a hacer ahora el BNG? ¿Van a permitir que se pague con fondos públicos la defensa de un presunto acosador? ¿Ana Pontón lo va a permitir? Que hablen claro y muestren su postura ante los vecinos de la provincia”.
Esta contundente reacción de los diputados populares surge tras tener acceso al expediente solicitado por el Grupo Provincial Popular. El expediente deja claro que José Tomé pretende que la Diputación de Lugo asuma el coste de un presupuesto privado que asciende a 37.000 euros (sin IVA) correspondiente al bufete Liaño & Márquez de Prado Abogados.
Con la presentación de esta moción en el próximo pleno, el Grupo Provincial Popular quiere poner el foco en la responsabilidad política y moral del gobierno de Carmela López, forzando al PSOE y al BNG a posicionarse públicamente: defender a todos los lucenses o blindar los intereses particulares de José Tomé.
Carmela López niega que la Diputación se haga cargo de los pagos
La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, recordó que la Diputación de Lugo cuenta con una póliza de responsabilidad civil para autoridades, que da cobertura a los 25 diputados y diputadas de la Corporación, y al personal de la Administración General. Se trata de un instrumento habitual en las administraciones públicas, destinado a garantizar la protección jurídica en el ejercicio de las funciones públicas y a evitar situaciones de indefensión derivadas de la actividad institucional.
“Es rotundamente falso afirmar, como está haciendo el Partido Popular, que la Diputación haya decidido pagar la defensa jurídica de ningún cargo público. No existe ninguna decisión en ese sentido ni se ha adoptado acuerdo alguno que implique el uso de fondos públicos para este fin”, dice.
Según explica, en este caso concreto, la cobertura de la póliza está sometida a condiciones “muy claras y taxativas: la aseguradora solo podría asumir el gasto en el caso de que el solicitante resulte absuelto o de que las diligencias sean archivadas. En ningún caso se asumirán gastos judiciales derivados de la comisión o acreditación de una conducta delictiva”.
Para Carmela López resulta “especialmente grave que el señor Ameijide omita deliberadamente esta información y trate de trasladar a la opinión pública la idea de que la Diputación está sufragando la defensa de un investigado con dinero público. Esa afirmación no responde a la realidad y solo contribuye a generar confusión y desconfianza entre la ciudadanía”.
La presidenta de la Diputación mantiene un compromiso firme con la transparencia y con el respeto a los derechos de información de todos los grupos políticos. Desde su llegada a la presidencia, todas las solicitudes de acceso a la información formuladas por los diputados provinciales reciben respuesta en tiempo y forma, conforme a los procedimientos establecidos.
“En el caso al que hace referencia el portavoz popular, existe constancia documental de que se produjo un error material involuntario en la primera remisión de la documentación solicitada. Una vez detectado, la propia Diputación comunicó de inmediato la incidencia al solicitante y le remitió el expediente correcto, garantizando así el acceso íntegro a la información requerida”, añadió.
Para el Gobierno provincial “resulta preocupante que el Partido Popular pretenda convertir un error administrativo puntual, reconocido y corregido con total transparencia, en una supuesta estrategia de ocultación que nunca existió. Los hechos acreditan precisamente lo contrario: que la información fue facilitada y que la incidencia fue resuelta de manera inmediata”.
“La Diputación de Lugo seguirá actuando con rigor, transparencia y respeto absoluto a la legalidad. El debate político es legítimo y necesario, pero no puede sustentarse en la deformación interesada de los hechos ni en la difusión de mensajes que no se corresponden con la realidad”, concluyó.