El PSOE y el BNG de Lugo cuestionan si la Xunta creó una praza a medida de la concejala no adscrita de Lugo

El Grupo Municipal del PSOE y el del BNG en Lugo hicieron público este martes 21 de abril un comunicado conjunto tras la publicación de una plaza en comisión de servicio en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. La vacante, correspondiente a la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, tiene el plazo de inscripción abierto hasta el 27 de abril, lo que ha llevado a las agrupaciones locales de ambas formaciones a trasladar varias consideraciones a la opinión pública.
PSOE y BNG instan a la Xunta de Galicia a aclarar si esta convocatoria puede guardar relación con la situación política actual en el Concello de Lugo, marcada por la posibilidad de una moción de censura impulsada por el Partido Popular. Las dos organizaciones señalan que resulta llamativo que el perfil formativo y profesional exigido para el puesto coincida de manera significativa con el currículo de una edil tránsfuga.
En este contexto, ambas formaciones plantean públicamente si la concejala María Reigosa tiene previsto presentarse a esta plaza, una cuestión que consideran legítima y que, a su juicio, requiere una respuesta clara para evitar especulaciones.
El comunicado subraya también la necesidad de garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el objetivo de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse algún tipo de vinculación entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Concello, se estaría ante una situación de extrema gravedad que podría ser interpretada por la ciudadanía como una práctica ajena a los principios éticos y democráticos.
PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, de la ética pública y del respeto a la voluntad de la vecindad, y apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen con absoluto respeto a los principios de legalidad, transparencia e interés general.
Por último, ambas formaciones aseguran que permanecerán vigilantes ante la evolución de este asunto y avanzan que valoran la posibilidad de iniciar acciones legales ante lo que podría constituir un delito de carácter penal y un golpe a la democracia.