La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lugo atenderá a los afectados por la posible implantación de la planta de biometano
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lugo está a disposición de los afectados por la posible implantación de la planta de biometano proyectada en la parroquia lucense de Coeses para resolver cualquier duda legal que pueda surgir en este proceso de movilización ciudadana.
Según explicó el alcalde, Miguel Fernández, el objetivo es brindar apoyo institucional a la Plataforma "Lugo no quiere Olores" para, en caso necesario, poder asesorar a los vecinos a través de su equipo jurídico en la lucha contra la construcción de esta planta de biogás y para proteger su entorno residencial.
“A pesar de que ya ha quedado constatado que este proyecto es totalmente inviable, y a pesar del interés inicial mostrado por el Gobierno autonómico con su declaración de proyecto prioritario, vamos a seguir vigilantes ante cualquier futura maniobra que pueda poner en riesgo nuestro patrimonio natural”, explicó el alcalde Miguel Fernández tras el encuentro mantenido con los integrantes de la plataforma vecinal.
El regidor municipal señaló que “los vecinos y vecinas de esta plataforma me han trasladado su preocupación desde que la empresa Bioenergía Lugo recurrió, el pasado mes de marzo, la denegación de esa autorización ambiental por parte de la Xunta de Galicia”.
Tampoco entienden, comentó Fernández, que el Grupo Municipal del Partido Popular votase en contra de una proposición para que la Corporación Municipal inste a la Xunta a retirar la declaración de iniciativa empresarial prioritaria al proyecto de la planta de biometanización en Coeses.
Por estos motivos, el alcalde ofreció la colaboración y disposición de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lugo con el gabinete jurídico que podría contratar el colectivo vecinal, que ha confirmado que llevará el proyecto de la planta ante la Fiscalía.
Así, este departamento municipal estará en contacto con el despacho de abogados de la plataforma para resolver dudas y facilitar información sobre cuestiones relativas al proyecto de instalación de esta planta de biometano. Esta colaboración institucional responde al acuerdo plenario ratificado por todos los grupos el pasado julio, con el que el Ayuntamiento de Lugo dejó patente el rechazo social que ha generado este proyecto.
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN
Miguel Fernández explicó que, de este modo, “desde el Ayuntamiento de Lugo estamos manteniendo nuestra postura inicial, respaldada por todos los grupos políticos, y ratificada por acuerdo plenario, en el que instábamos a la Xunta a paralizar la planta, ya sea por rechazo social o elevando las exigencias medioambientales a este tipo de industrias y atendiendo al principio comunitario de cautela o precaución, para evitar que se produzca, ante una amenaza real, el deterioro del medio”.
El alcalde recordó que las distintas administraciones que deben emitir informes sobre la viabilidad de este proyecto nos están dando la razón: “primero fue el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que declaró inadmisible el vertido y no autorizó la construcción de la planta; y después, la propia Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta de Galicia denegó, el pasado mes de febrero, la autorización ambiental al proyecto.
Pese a ello, debemos seguir luchando contra un proyecto con un grave impacto ambiental, perjudicial para la atmósfera, para las personas y para las viviendas no solo de las parroquias rurales próximas a la localización de la planta como Coeses, Cuíña, Piugos, Soñar o Santa Comba, entre otras, sino de buena parte del municipio de Lugo y de la propia ciudad”.
Por último, Miguel Fernández señaló que “en función de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos, y si fuese necesario, y teniendo en cuenta ese acuerdo plenario de todas las fuerzas políticas, el Ayuntamiento de Lugo valorará la posibilidad de personarse como parte afectada en este proyecto”.