La CEP y la AEGC denuncian en Lugo el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Galicia
La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) protagonizaron este martes en Lugo una nueva etapa de la denominada “Marcha por la Dignidad Policial”, una movilización que está recorriendo distintas ciudades gallegas para denunciar la situación que atraviesan la Policía Nacional y la Guardia Civil en la comunidad autónoma.
Durante la concentración, ambas organizaciones reclamaron el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y acusaron al Gobierno de mantener una política de abandono hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia, mientras incrementa, aseguran, la financiación destinada a las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco.
Los representantes sindicales sostienen que la falta de efectivos, medios materiales e infraestructuras adecuadas está dificultando la labor policial y repercutiendo en la seguridad ciudadana. Según denunciaron, la situación se traduce en un aumento de la sensación de inseguridad entre la población y en un deterioro de las condiciones de trabajo de los agentes.
Lugo, ejemplo del deterioro policial
La CEP puso el foco especialmente en la situación de Lugo, que considera un reflejo de los problemas que afectan al conjunto de Galicia. El sindicato denunció que la Comisaría Provincial opera con instalaciones obsoletas y una plantilla insuficiente para atender las necesidades actuales de la provincia.
Según sus cálculos, serían necesarios alrededor de cien agentes más para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad. Además, criticó que la futura Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que comenzará a recibir efectivos durante los próximos meses, carezca todavía de los medios materiales necesarios para desarrollar su trabajo con garantías.
El sindicato también cargó contra la gestión de la Jefatura Provincial, a la que acusa de adoptar decisiones unilaterales que han generado malestar entre los agentes. Entre ellas, señala cambios en los horarios laborales de la Brigada de Seguridad Ciudadana sin consenso previo con las organizaciones sindicales y sin tener en cuenta la conciliación familiar de los policías afectados.
El coordinador regional de la CEP, Agustín Vigo, aseguró que estas decisiones han provocado un deterioro de las condiciones laborales desde comienzos de año y reclamó cambios en la dirección de la comisaría si la situación no se reconduce.
Reclamaciones al Ministerio del Interior
Tanto la CEP como la AEGC consideran que el incremento de determinados delitos exige una respuesta más contundente por parte del Ministerio del Interior. Entre las medidas reclamadas figuran el aumento de plantillas, la creación de nuevas unidades especializadas, la modernización de instalaciones policiales y el reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.
Asimismo, denuncian que el Congreso haya rechazado en numerosas ocasiones la tramitación de iniciativas legislativas encaminadas a equiparar las condiciones profesionales de los agentes estatales con las de los cuerpos autonómicos.
Los representantes sindicales también vinculan parte del incremento de la violencia y de las agresiones contra policías al aumento del tráfico y consumo de drogas, reclamando un refuerzo de las unidades de investigación y prevención.
Lugo registra algunos de los mayores incrementos de Galicia
Las organizaciones convocantes respaldaron sus denuncias con datos extraídos de las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al periodo 2019-2025.
En el caso de la provincia de Lugo, la criminalidad total habría aumentado más de un 27 % durante ese periodo. Además, destacan incrementos del 46% en los delitos de violencia callejera, cerca del 60% en los delitos contra la libertad sexual y un aumento del 100% en las agresiones sexuales con penetración. La cibercriminalidad, por su parte, acumularía una subida superior al 141%.
A nivel autonómico, la CEP señala que la criminalidad total en Galicia se ha incrementado más de un 20% desde 2019. Entre los delitos que más han crecido figuran los homicidios y asesinatos consumados o en grado de tentativa (+83%), la violencia callejera (+45,7%), los delitos contra la libertad sexual (+53%), las agresiones sexuales con penetración (+75%) y la cibercriminalidad (+120%).
Además, el sindicato destaca un incremento del 12,71% en las agresiones contra funcionarios públicos desde 2021, una categoría en la que se incluyen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y advierte de que esta tendencia evidencia la necesidad de reforzar la protección y los recursos destinados a los agentes.