La Diputación de Lugo recuerda su compromiso firme con la red de residencias frente a la "falta de respuesta de la Xunta"
La Diputación de Lugo reivindicó este viernes su compromiso con la atención a las personas mayores y con la consolidación de una red pública de residencias de proximidad, especialmente pensada para el rural, frente a lo que considera “una falta de respuesta de la Xunta de Galicia, administración competente en materia de servicios sociales y dependencia”.
El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, hizo este viernes balance de la situación de la red provincial y aseguró que “esta provincia necesitaba —y necesita— residencias públicas” y que la Diputación decidió asumir ese esfuerzo “porque había una necesidad real en el territorio y las personas mayores de Lugo no podían quedarse sin una alternativa pública de proximidad”.
“Nosotros no miramos hacia otro lado”, señaló Rivera Capón, quien defendió que una persona mayor “debe poder recibir cuidados públicos cerca de su casa, de su familia y de su ayuntamiento”. La institución provincial cuenta actualmente con 9 residencias públicas en funcionamiento y cerca de 400 personas usuarias, mientras trabaja en otros 9 proyectos. Añadió que desde 2019 hasta 2026, la Diputación tiene movilizados 47 millones de euros vinculados a la red residencial.
Repasó la situación de los principales centros que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Como el de Becerreá, donde explicó que la Diputación dio un nuevo impulso a la puesta en funcionamiento del centro con la licitación del equipamiento general por más de un millón de euros y la licitación de la cocina industrial, por cerca de 460.000 euros.
En A Pontenova, la institución provincial avanza en la finalización de la residencia de la mano de Tragsa y detalló el proceso administrativo desencadenado por los incumplimientos de la empresa y del que se dio cuenta con transparencia y claridad; en A Pobra do Brollón, los trabajos se encuentran en los últimos pasos para la certificación final de la obra; en Ourol, la licitación de la residencia está prevista en los próximos meses; en Cervantes, el proyecto está prácticamente finalizado; y en Guitiriz, la Diputación está trabajando para retomar las obras. “No son anuncios: son expedientes, licitaciones, obras e inversiones que están avanzando”, subrayó Rivera Capón.
Rivera Capón quiso aclarar especialmente la situación de la residencia de Folgoso do Courel. Explicó que se produce un cierre de un expediente administrativo porque terminó el plazo de la cesión de la parcela a la Diputación y recordó que “fue el propio Ayuntamiento de Folgoso, a través de su Alcaldesa del PP, quien solicitó la reversión de los terrenos”.
“Que se cierre ese expediente no significa que desaparezca la necesidad de una residencia para Folgoso”, explicó. “Significa que la Diputación cumple con la voluntad expresada por el propio municipio, en un contexto en el que existe además un compromiso de la Xunta de Galicia para construir ese centro”.
Rivera Capón celebró que la Xunta asuma sus responsabilidades en ese caso: “La Diputación lleva años haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener y ampliar una red pública de residencias, incluso en un ámbito en el que las competencias corresponden a la Xunta. Ahora también corresponde a la Xunta cumplir los compromisos que adquirió”.
La Xunta tiene las competencias y los recursos
El responsable provincial destacó además el esfuerzo económico que supone mantener una red de este tipo para una administración como la Diputación. “Estamos llevando al límite nuestra capacidad para mantener y ampliar una red que consideramos esencial para la provincia”, afirmó, reclamando también una mayor implicación de la Xunta.
En este sentido, puso sobre la mesa la diferencia de capacidad presupuestaria entre ambas administraciones: frente a los 135 millones de euros del presupuesto provincial de 2026, la Xunta cuenta con 1.473 millones de euros consignados para Promoción Social. “La Xunta tiene las competencias y tiene los recursos. Y la Diputación tiene la voluntad de dar respuesta a una necesidad que el territorio lleva años demandando”, resumió.
En la segunda parte de la comparecencia, el diputado abordó la actualización de los precios públicos de los centros provinciales y criticó la “confusión interesada” que, a su juicio, está trasladando el PP. “Los 2.200 euros no son lo que paga todo el mundo. Son un precio de referencia”, aclaró. La nueva ordenanza aprobada por la Diputación actualiza unos precios de referencia que permanecían sin revisar desde 2018 y establece que la participación de las personas usuarias se determine atendiendo a su capacidad económica y patrimonial. “Quien menos tiene, menos paga; quien más tiene, más contribuye”, resumió Rivera Capón.
Recordó que para calcular la capacidad económica no se tiene en cuenta únicamente la pensión, sino también los ingresos y el patrimonio, con mecanismos de protección para las personas con menor capacidad económica. Entre ellos, los primeros 10.000 euros en depósitos bancarios no computan en el cálculo establecido por la ordenanza.
El diputado explicó que el coste efectivo de una plaza residencial se sitúa en 2.358,75 euros mensuales y que la actualización podía hacerse de dos maneras: estableciendo una misma aportación para todas las personas o repartiendo el esfuerzo según la capacidad económica. “Nosotros escogimos la segunda opción: un sistema progresivo que protege más a quien menos tiene”, afirmó.
La jefa del Servicio de Bienestar Social e Igualdad, que acompañó al diputado en la comparecencia, explicó los aspectos técnicos del nuevo sistema y destacó que ninguna persona usuaria paga el 100% del coste efectivo de la plaza. Precisó que el precio de referencia y el precio público que finalmente paga cada persona son conceptos diferentes: el primero sirve como referencia para determinar el coste y la participación en el servicio, mientras que la aportación concreta de cada usuario se calcula en función de su situación económica.
En este sentido, detalló que al 25% de las personas usuarias la actualización les supuso un incremento inferior a 60 euros mensuales y al 50% por menos de 200 euros. La responsable del servicio explicó además que el cálculo tiene en cuenta la evolución de la situación económica de las personas usuarias. Por lo tanto, no se fija una cantidad inamovible sobre el patrimonio, sino que las variaciones en la capacidad económica pueden repercutir en el cálculo de la aportación.
Así, una persona no tiene que recurrir a su familia ni pedir a terceros el dinero necesario para pagar su plaza: el sistema calcula su participación a partir de su propia capacidad económica y patrimonial líquida.
El modelo de residencias que la Diputación quiere para la provincia
Rivera Capón defendió que detrás de la discusión sobre los precios existe un debate político de fondo: qué modelo de residencias públicas quiere la provincia de Lugo. “Nosotros tenemos nueve residencias de gestión directa, pensadas especialmente para el rural, para garantizar equilibrio territorial, servicios de proximidad y permanencia de las personas en su entorno familiar y social. Un modelo que es referencia a nivel nacional y europeo”.
En este sentido, destacó que una residencia pública rural “no es solo una residencia”: es también “una política contra el desarraigo”. “Queremos que una persona mayor pueda seguir haciendo su vida en su ayuntamiento, cerca de su gente, y que no tenga que marcharse 40 o 50 kilómetros para recibir cuidados”, explicó.
Concluyó que “precio y arraigo van de la mano en nuestro modelo de residencias públicas”. Explicando que “queremos que una residencia de Pol, de Trabada, Pedrafita o de cualquier otro ayuntamiento de la provincia pueda ser utilizada tanto por la vecina que tiene una pensión baja como por la persona que tiene más recursos. Pero no queremos que paguen lo mismo, porque no tienen la misma capacidad económica”.
“Queremos que quien más puede contribuya más, que quien menos tiene esté más protegido y que nadie tenga que marcharse de su ayuntamiento para recibir cuidados. Para nosotros, eso es defender los servicios públicos”, destacó.