La Diputación pide a la Xunta más recursos para los mayores, para los colegios y para los ganaderos afectados por la sequía
El pleno aprobó una iniciativa del grupo socialista para instar a la Xunta de Galicia a que aumente los recursos para la atención a las personas mayores en la provincia de Lugo, de acuerdo con el marco competencial de las administraciones públicas. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSdeG, del BNG y del diputado no adscrito, y con los votos en contra del PP.
Durante la defensa de la moción, el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, destacó que el gobierno provincial destina al año más de 2,5 millones de euros al mantenimiento de las nueve residencias de mayores que tiene en funcionamiento, con cerca de 300 plazas y una ocupación del 100 %.
El grupo de gobierno recordó que la Xunta tiene un presupuesto de 14.240 millones de euros en 2026, de los que destina 1.391 millones al área de Política Social. Mientras, la Diputación de Lugo dispone para este ejercicio de 135 millones de euros para todas sus competencias, entre ellas la amplísima red de carreteras, de más de 4.000 kilómetros.
Desde 2019, la Diputación movilizó 47 millones de euros en los centros de atención a mayores, a los que se suman las aportaciones a los ayuntamientos para sufragar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF) y la inversión en el servicio de teleasistencia.
El gobierno provincial también pide a la Xunta que revise el plan de residencias que acaba de anunciar, que no incluye ninguna en la capital lucense, y donde casi la mitad de las plazas serán privadas.
Rivera reprochó a los populares que la Xunta apueste por un modelo que consistirá en adjudicar la construcción y la gestión de las residencias a empresas privadas y concertar después el 60 % de las plazas. El resto, insistió, serán privadas. Recordó que el 33,7 % de la población de la provincia supera los 60 años.
Por su parte, el BNG aseguró que "el PP está en contra de que la Xunta de Galicia asuma sus competencias y financie el cuidado de mayores de esta provincia, sean de la Diputación o de titularidad municipal", señaló Efrén Castro. "Abandonan las residencias de la Diputación y abandonan las residencias de ayuntamientos de su color político. Los ayuntamientos, y especialmente los pequeños, no tienen financiación para asumir los costes de una plaza pública, y ustedes se lavan las manos", dijo.
Finalizó el debate con la intervención de la presidenta, que dijo que “los alcaldes del PP saben que son atendidos cuando trasladan una necesidad”, remarcó la presidenta de la Diputación, quien reclamó el mismo criterio a la Xunta, “que no es del Partido Popular, es de todos los gallegos y gallegas. O al menos debería serlo”. López pidió que la Administración autonómica escuche también a las alcaldesas y alcaldes de la provincia y responda a sus necesidades, y que haga lo mismo con la Diputación, que está prestando servicios que no le corresponden ante la insuficiente respuesta de la Xunta.
Por otra parte, la presidenta de la Diputación reafirmó durante el pleno el compromiso del gobierno provincial de escuchar a las alcaldesas y a los alcaldes de los 67 ayuntamientos y de buscar soluciones a las necesidades que trasladan, independientemente de su color político.
En respuesta a la oposición, López recordó que desde Cooperación y Asistencia a los Ayuntamientos se atendieron solicitudes de numerosos municipios en ámbitos como la asistencia técnica, jurídica, económica, contratación, Secretaría e Intervención, supervisión de proyectos, urbanismo, expropiaciones, carreteras, Parque Móvil, cesiones de bienes o convenios. “Si una medida es buena para la gente, a mí me importa poco quién la presente”, afirmó, tras enumerar la larga lista de ayuntamientos que en los últimos meses recibieron ayuda de la Diputación.
El pleno aprobó también la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que llega con todos los informes favorables después de un período de exposición pública en el que no se presentó ninguna alegación.
El diputado Pablo Rivera destacó que la Diputación ejecutó más del doble que el año anterior, ingresó más de lo previsto y eliminó la deuda. La Cuenta General salió adelante con los votos a favor del PSOE, del BNG y del diputado no adscrito y la abstención del PP.
Durante 2025 la Diputación comprometió el 88,2 % del presupuesto —frente al 87,35 % de 2024— y las obligaciones reconocidas también subieron desde el 60,29 % al 60,78 %.
El mayor avance se produce en la inversión real. La Diputación ejecutó 21,2 millones de euros en 2025 frente a los 9,5 millones del ejercicio anterior. Más del doble. El porcentaje de ejecución del capítulo de inversiones pasó del 26 al 40,74 %, mientras que el crédito comprometido alcanzó el 66,5 %, cerca de 35 millones de euros. Además, el 14 de mayo de 2025 la institución provincial amortizó anticipadamente seis millones de euros, por lo que actualmente la Diputación tiene deuda cero con entidades financieras.
En materia de ingresos, la Diputación reconoció 132,5 millones de euros, frente a los 132,7 millones previstos, lo que supone un cumplimiento del 99,9 % de las previsiones de ingresos. Los 86 millones incorporados como remanentes de tesorería corresponden a ahorros de ejercicios anteriores y no a nuevos ingresos previstos para 2025.
La presidenta también informó en el pleno de la situación de los náuticos provinciales y destacó que los diferentes expedientes continúan avanzando. Ponte do Sil y O Mazo de Santa Comba están ya en fase previa a la adjudicación, mientras que Portomarín y Os Robles quedaron desiertos al no presentarse ofertas. Augasmestas cuenta con una oferta tras la reapertura del plazo y la Mesa de Contratación se reunió el 17 de septiembre. Os Chancís y Maiorga continúan con su tramitación. Carmela López recordó que cada expediente debe completar los correspondientes procedimientos y garantías para la puesta en explotación de las instalaciones.
Propuestas nacionalistas
El pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes una propuesta promovida por el BNG que demanda a la Xunta de Galicia más recursos para la educación pública en la provincia. La iniciativa, aprobada con los votos del BNG y del PSdeG, reclama dotar a los colegios e institutos de personal suficiente y necesario, con especialistas en cada una de las materias, y atender la demanda de obras necesarias en diferentes centros de la provincia.
En el debate de la propuesta, la portavoz del grupo provincial, Iria Castro, repasó los incumplimientos de la Xunta de Galicia en relación con el personal en este inicio de curso, recordando "la gran mentira de las 900 contrataciones prometidas de las que faltan 400".
La diputada hizo hincapié en la falta de inversiones en centros educativos en los que urgen mejoras, como el CEIP Vista Alegre de Burela, donde la ANPA lleva cinco años denunciando graves deficiencias en el edificio, o los colegios de A Pontenova y O Vicedo.
También se aprobó una moción del BNG que urge a la Xunta de Galicia a adoptar medidas extraordinarias para compensar los daños provocados por la sequía en el sector primario. En el debate de la moción, el diputado Daniel García dio eco a las dificultades de las explotaciones ganaderas que tuvieron que recurrir a reservas de forraje o a la compra de alimentación por la caída de la producción de forraje y reclamó al Gobierno gallego una línea extraordinaria de ayudas directas para compensar el aumento de los costes.
El diputado nacionalista recordó que son medidas que otras comunidades, como Cantabria, ya han puesto en marcha, con un paquete de ayudas de 3 millones de euros.
La oposición
Por su parte, los diputados del Grupo Provincial Popular reclamaron al gobierno de PSOE y BNG que dejase de “perseguir y sancionar a los ayuntamientos de la provincia por motivos políticos” y acusaron a ambos partidos de “sectarismo” por negarse a pedir disculpas públicas a los vecinos de Ribadeo después de que la justicia declarase nula la multa de 25.000 euros impuesta por la Diputación provincial al Ayuntamiento. Acusó a Carmela López de mantener “los viejos vicios impuestos por Tomé”.
Otra de las mociones presentadas por el PP fue la exigencia al Gobierno del Estado de una respuesta firme ante los "graves sucesos" registrados en Ceuta, moción que no salió adelante.