Adega celebra la DIA desfavorable para el parque eólico de Navallos

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Además, reclama a la Xunta frenar la saturación eólica en la montaña lucense y que abra un proceso de planificación energética transparente
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12 Jun 2026

ADEGA celebra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable emitida por la Xunta de Galicia para el parque eólico Navallos, promovido por Enel Green Power en los municipios de Castroverde y Baralla.

"La resolución supone una buena noticia para la defensa del territorio y confirma las advertencias realizadas por ADEGA durante la fase de información pública", explican. En las alegaciones presentadas, ADEGA alertaba de los impactos ambientales del proyecto, de su localización en un área de elevado valor ecológico de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y de la amenaza que suponía para la conectividad ecológica entre espacios naturales del interior lucense.

ADEGA puso especialmente el foco en la falta de una evaluación real de los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de la concentración de parques eólicos en la comarca. "En un radio de pocos kilómetros se concentran numerosos parques en funcionamiento, autorizados o en tramitación, una situación que está provocando una creciente presión sobre la biodiversidad, el paisaje y el medio rural", aclaraba.

La asociación ecologista también denunció la fragmentación de proyectos e infraestructuras de evacuación en expedientes separados, una práctica que dificulta la evaluación conjunta de los impactos y que ha sido cuestionada de forma reiterada por los tribunales.

Para ADEGA, la DIA desfavorable de Navallos "confirma las carencias ambientales del actual modelo de desarrollo eólico impulsado por la Xunta. La transición energética es necesaria y urgente, pero no puede convertirse en una coartada para la ocupación industrial del territorio ni para la degradación de los espacios naturales que desempeñan un papel esencial en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra la crisis climática".

ADEGA reclama a la Xunta de Galicia que abandone la política de tramitación masiva de proyectos y abra un proceso de planificación energética transparente, participativo y sometido a evaluación ambiental estratégica, "que permita determinar dónde son compatibles las instalaciones renovables y dónde deben prevalecer los valores naturales, paisajísticos y sociales del territorio".

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