ADEGA presenta alegaciones contra la autorización ambiental de una granja porcina proyectada en Palas de Rei
ADEGA-Lugo ha presentado alegaciones al procedimiento de autorización ambiental integrada de la explotación porcina de cebo proyectada en Vilareda, en el municipio de Palas de Rei, al considerar que la documentación sometida a información pública presenta importantes deficiencias que impiden realizar una evaluación rigurosa de sus posibles efectos ambientales y limitan el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso.
La entidad ecologista solicita que se declare la nulidad del actual trámite de información pública y que se requiera a la empresa promotora la presentación de una nueva documentación técnica completa. Posteriormente, reclama que se abra un nuevo periodo de exposición pública para que las personas interesadas puedan formular alegaciones con todas las garantías.
Entre las principales carencias detectadas, ADEGA señala que la documentación publicada está incompleta. En concreto, indica que falta el Anexo II del proyecto, en el que deberían figurar documentos considerados fundamentales, como el contrato con el gestor de los purines, la certificación urbanística de la parcela u otra información necesaria para comprobar la viabilidad ambiental y legal de la instalación.
La asociación también considera que el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, al no analizar alternativas al proyecto y ofrecer, a su juicio, una evaluación demasiado superficial de los posibles impactos. Según expone, el documento se limita en numerosos apartados a enumerar afecciones sin incorporar estudios específicos ni medidas correctoras suficientemente desarrolladas.
ADEGA advierte además de la ausencia de un estudio específico sobre las emisiones de olores, pese a que el propio proyecto recoge la generación de compuestos como amoníaco, sulfuro de hidrógeno o mercaptanos. La entidad sostiene que tampoco se evalúan las posibles repercusiones de estas emisiones sobre la salud y el bienestar de la población del entorno.
A juicio de la organización ecologista, estas deficiencias incumplen tanto la normativa de evaluación ambiental como la legislación sobre prevención y control integrados de la contaminación, dificultando que la ciudadanía pueda conocer con precisión el alcance de los impactos de la explotación prevista.
Por este motivo, ADEGA solicita a la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad que anule el trámite actualmente en marcha, exija una nueva documentación adaptada a la normativa vigente y vuelva a someter el proyecto a información pública para garantizar un procedimiento transparente y con plenas garantías de participación ciudadana.