CCOO anuncia acciones judiciales contra los Presupuestos de 2026 del Concello de Lugo

La Sección Sindical de CCOO en el Concello de Lugo anunció el inicio inmediato de acciones judiciales contra los Presupuestos municipales de 2026 al considerar que su tramitación se realizó sin respetar los procedimientos legales ni los derechos de la representación de los trabajadores.
Según trasladó la organización sindical, la decisión llega después de intentar “por todas las vías” el diálogo y la negociación con el gobierno local. CCOO sostiene que se ve obligada a acudir a los tribunales ante un ejecutivo municipal que, a su juicio, “confunde la mayoría política con la impunidad legal”.
El sindicato explica que presentó alegaciones detalladas en las que advertía de que las cuentas habían sido elaboradas “de espaldas al personal” y sin ningún proceso de negociación sindical previo. Desde la central aseguran que la respuesta del gobierno local fue el “desprecio”. En este sentido, critican que “no se sientan, no escuchan y no respetan los derechos fundamentales de los trabajadores que mantienen viva esta ciudad”.
Entre las principales denuncias, CCOO señala que los presupuestos fueron aprobados sin convocar la Mesa General de Negociación ni facilitar la documentación necesaria a la representación sindical. Para la organización, esta actuación evidencia una falta de transparencia e impide un control adecuado sobre las partidas destinadas al personal municipal.
Desde el sindicato consideran que “el dinero de todos los lucenses no puede repartirse sin criterios claros ni control” y defienden que la ciudadanía “merece saber cómo y por qué se paga cada euro del capítulo de personal”.
CCOO también advirtió de que el proceso seguido en Lugo podría derivar en un escenario similar al vivido en otras ciudades gallegas, citando el caso de Ferrol, donde los presupuestos fueron anulados. Según recuerdan, la negociación colectiva es un derecho fundamental y su omisión puede invalidar el procedimiento administrativo.
La central sindical concluye asegurando que no puede permitir que el Concello “funcione como un cortijo privado donde la ley no existe y la transparencia brilla por su ausencia”.