El BNG acusa al PP de bloquear la ordenanza contra el ruido y apunta a posibles intereses particulares
La concejala del BNG en el Concello de Lugo, Maite Ferreiro, cuestionó la decisión del Gobierno municipal del Partido Popular de no aprobar la Ordenanza de Contaminación Acústica, un texto que, según explicó, fue elaborado durante un año de trabajo con la participación de los servicios técnicos municipales, la Policía Local, colectivos y asociaciones.
Ferreiro criticó que ahora el Ejecutivo local cuestione la calidad de la normativa después de disponer de ella desde el pasado mes de marzo. "Ahora el Partido Popular dice que la ordenanza está mal hecha. ¿Qué están diciendo, que los técnicos municipales y la Policía Local hicieron mal su trabajo?", preguntó.
La nacionalista defendió que el objetivo de la ordenanza es dotar al Concello de herramientas para actuar ante los problemas relacionados con el ruido y la convivencia vecinal, dando respuesta a situaciones como las que, según recordó, se produjeron en locales como As Palmeras.
En este sentido, Ferreiro reprochó al PP los cambios en su discurso sobre la existencia de la normativa. "Primero el Partido Popular decía que no había ordenanza y ahora dice que existe, pero que está mal hecha", afirmó.
La concejala del BNG también puso sobre la mesa la posibilidad de que existan intereses particulares detrás del bloqueo de la aprobación. Para ello, se refirió a la situación del concejal de Deportes y Juventud, Damián Carballo, quien mantiene un recurso contra el Concello por la limitación horaria que fue impuesta en su momento a un local de su propiedad en Recatelo.
"Como concejal debería anteponer los intereses generales, pero en este caso se cruzan los intereses particulares con los intereses públicos", señaló Ferreiro.
La denuncia del BNG incluye también la resolución firmada este lunes por la alcaldesa, Elena Candia, relativa a un establecimiento de hostelería vinculado a familiares directos del concejal Damián Carballo. Según explicó Ferreiro, la resolución considera acreditados varios incumplimientos relacionados con la licencia, las medidas de seguridad e higiene y la información al público, por lo que establece una sanción de 1.041,60 euros.
Además de la multa, el establecimiento no podrá continuar con la actividad de bar-restaurante hasta que regularice la documentación requerida por los servicios técnicos municipales. La resolución también advierte del posible precinto del local por parte de la Policía Local.
"Mi teoría es que la negativa del PP a aprobar esta ordenanza puede estar relacionada con el hecho de que su aplicación pueda afectar a los intereses particulares de un miembro del propio Gobierno municipal", concluyó Maite Ferreiro.