El BNG llevará al Parlamento la situación de la residencia pública San Antonio de Padua de Lugo

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La formación denuncia la falta de personal y deficiencias en la atención a los usuarios y reclama a la Xunta que exija a la concesionaria reforzar la plantilla
OlallaRodil
14 Jul 2026

El BNG ha anunciado que presentará una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para denunciar la situación de la residencia pública San Antonio de Padua de Lugo, tras recibir, según asegura la formación, nuevas quejas de trabajadores, trabajadoras y familiares sobre la falta de personal y las dificultades para garantizar una atención adecuada a las personas residentes.

La diputada del BNG Olalla Rodil recordó que el centro fue construido por la Fundación Amancio Ortega y posteriormente entregado a la Xunta de Galicia, titular de las instalaciones. A su juicio, el Gobierno gallego optó por privatizar su gestión al adjudicarla a la Fundación Fesán, una decisión que, según afirma, está repercutiendo en la calidad del servicio.

La formación nacionalista recuerda que no es la primera vez que traslada esta problemática al Parlamento gallego. Ya en noviembre de 2024, Olalla Rodil pidió a la Xunta que exigiera a la empresa concesionaria, la Fundación Fesán, reforzar la plantilla de la residencia para garantizar la máxima calidad asistencial en todos los turnos, especialmente durante la noche. Además, reclamó la reforma de la normativa que regula las ratios de personal en los centros residenciales, al considerar que la orden vigente, aprobada en 1996, "no se ajusta a la realidad actual".

Según explicó entonces el BNG, fueron familiares de las personas usuarias quienes trasladaron a la formación la situación que se vivía en la residencia. Denunciaban que durante el turno de noche únicamente había dos trabajadores para atender a 85 residentes, de los que 60 eran grandes dependientes. Asimismo, indicaban que el centro contaba con seis gerocultoras en el turno de mañana, cinco en el de tarde y dos enfermeras, reduciéndose la atención nocturna a solo dos profesionales para atender a todos los usuarios.

Entre las principales carencias señaladas ahora por la parlamentaria figura la insuficiencia de personal de enfermería. Según explicó, la residencia cuenta únicamente con dos enfermeras, una en el turno de mañana y otra en el de tarde, una dotación que considera insuficiente para un centro con capacidad para 120 residentes. Además, denunció que una baja en este servicio está siendo cubierta por una persona gerocultora, que no dispone de la cualificación sanitaria necesaria para desempeñar esas funciones.

Rodil también advirtió de que la plaza de fisioterapia continúa sin cubrir, una circunstancia que, según sostiene, repercute especialmente en la atención de las personas con mayor grado de dependencia.

Desde el BNG consideran que estas deficiencias responden a un modelo de gestión en el que se prioriza la reducción de costes frente a la calidad asistencial. Asimismo, trasladan el malestar expresado por parte del personal del centro, que denuncia presión laboral y falta de recursos humanos para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

Por todo ello, el grupo nacionalista reclamará explicaciones a la Xunta y demandará actuaciones inmediatas para que, como administración titular de la residencia, supervise la gestión de la empresa concesionaria y le exija la contratación del personal necesario para garantizar una atención pública, digna y de calidad.

Esta no es la primera vez que el BNG lleva al Parlamento la situación de la residencia San Antonio de Padua. En noviembre de 2024, la diputada Olalla Rodil ya reclamó a la Xunta de Galicia que exigiera a la empresa concesionaria, la Fundación Fesán, reforzar la plantilla para garantizar la máxima calidad asistencial en todos los turnos, especialmente durante la noche. En aquella ocasión también solicitó la reforma de la normativa que regula las ratios de personal en los centros residenciales, al considerar que la orden vigente, aprobada en 1996, "no se ajusta a la realidad actual". La iniciativa se produjo después de que familiares de los residentes trasladaran sus quejas al Bloque Nacionalista Galego, denunciando que en el turno de noche únicamente había dos trabajadores para atender a 85 usuarios, de los que 60 eran grandes dependientes.

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