El BNG pedirá a la Xunta una mayor distancia entre las plantas de biogás y las viviendas
El BNG de Lugo llevará al próximo pleno municipal una proposición para reclamar a la Xunta de Galicia un marco normativo más exigente para la instalación de industrias potencialmente contaminantes, con especial atención a las plantas de biogás. La formación nacionalista defenderá que la legislación autonómica establezca distancias mínimas respecto a las viviendas y los núcleos de población, así como condiciones sobre el tamaño de las instalaciones y la gestión de los residuos.
El portavoz del BNG en el Concello de Lugo, Rubén Arroxo, considera que la modificación de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental que el PP prevé llevar al pleno supone un avance, pero advierte de que puede resultar insuficiente en el caso de los proyectos declarados de interés estratégico por la Xunta.
"La actualización de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental es un paso necesario e importante, pero puede quedar en un gesto simbólico ante los proyectos de interés estratégico de la Xunta, que no tienen la obligación de cumplir las normativas municipales", afirmó Arroxo.
El BNG pide aplicar también los 3 kilómetros
La propuesta de los nacionalistas pretende que la normativa gallega incorpore una separación de 3 kilómetros entre este tipo de instalaciones y las viviendas y núcleos habitados, la misma distancia que contempla la modificación de la ordenanza municipal que el PP llevará al pleno.
"No basta con aprobar ordenanzas municipales si después la Xunta puede aprobar proyectos que no tengan que cumplir esa ordenanza", señaló Arroxo.
El portavoz del BNG recordó además que el pleno municipal ya aprobó en 2025 una iniciativa de su formación para reclamar una mayor protección legal frente a este tipo de instalaciones, que entonces no contó con el apoyo del PP.
Para los nacionalistas, la regulación autonómica debe establecer unas condiciones claras que permitan compatibilizar la implantación de actividad industrial con la protección de las personas que viven en las zonas afectadas.
Los proyectos estratégicos, en el centro de la reclamación
El BNG pone el foco en la figura de los proyectos industriales estratégicos (PIE), al considerar que esta vía concentra en la Xunta una parte importante de la capacidad de decisión y limita el papel de los concellos.
"La figura de los proyectos de interés estratégico concentra la capacidad de decisión en la Xunta y reduce el papel de los concellos", explicó Arroxo, que defendió la necesidad de que el Gobierno gallego establezca reglas comunes para todo el territorio.
La formación nacionalista reclama así una regulación que determine no solo la distancia respecto a las viviendas, sino también cuestiones relacionadas con el tamaño de las plantas y el tratamiento y gestión de los residuos.
El BNG basa parte de su argumentación en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia. Esta norma modificó las disposiciones legales autonómicas en materia de política industrial e introdujo cambios en el artículo 80 del texto refundido correspondiente a los efectos de la declaración de un proyecto industrial estratégico.
Entre estos efectos figura la "no sujeción a los títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal", así como la declaración de incidencia supramunicipal y la consideración de urgencia o excepcional interés público en los términos establecidos por la normativa.
Para Arroxo, esta situación hace necesario que la Xunta fije unas condiciones ambientales y de protección de la población suficientemente estrictas para evitar que la declaración de un proyecto como estratégico deje sin efecto las garantías establecidas a nivel municipal.