El BNG pide explicaciones en el Parlamento sobre el proyecto de la planta de biometano en Coeses
El BNG llevará al Parlamento de Galicia una batería de preguntas para conocer el estado del proyecto de la planta de biometano proyectada en Coeses, en el municipio de Lugo, tras recibir avisos de la vecindad que asegura detectar movimientos para una posible reactivación de la iniciativa. Según denuncian los afectados, la empresa promotora, incluso después de la denegación del permiso, continúa manteniendo alquilados los terrenos donde estaba prevista la instalación, con una inversión superior a los 20.000 euros anuales.
El portavoz del BNG de Lugo, Rubén Arroxo, señaló que la llegada de Elena Candia a la Alcaldía de Lugo está propiciando, a su juicio, el resurgir de proyectos que ya se consideraban descartados por sus posibles impactos negativos para la ciudad. Arroxo recordó además las reuniones y movilizaciones impulsadas en el pasado por la formación nacionalista junto a la vecindad para intentar paralizar el proyecto y aumentar el control sobre este tipo de plantas.
Por su parte, la diputada autonómica Montse Valcárcel explicó que el problema no reside en la tecnología del biogás o biometano, sino en el modelo de planta propuesto, especialmente por su proximidad a núcleos de población y por la forma en la que se gestionan este tipo de instalaciones. Según indicó, se están promoviendo plantas de gran tamaño que requieren un elevado volumen constante de residuos, lo que obliga a traer materia prima desde zonas lejanas, incrementando también el riesgo ambiental y operativo.
Valcárcel advirtió de que el aumento de escala de estas plantas implica mayores volúmenes de almacenamiento, más operaciones de descarga y un incremento de los riesgos en caso de fugas de emisiones o incendios. En este sentido, aseguró que el impacto de una instalación de estas características cerca de viviendas podría ser “brutal” y reclamó a la Xunta que priorice la protección de las personas y del territorio frente a intereses económicos.
El BNG propone establecer una regulación más estricta para el sector, que incluya distancias mínimas de 3.000 metros entre estas plantas y los núcleos de población, así como respecto a elementos patrimoniales o naturales. También pide limitar la distancia de transporte de los residuos, fijando 20 kilómetros para los líquidos y un máximo general de 50 kilómetros, además de establecer un tope de 200.000 toneladas anuales de capacidad.
La formación nacionalista reclama igualmente normas específicas para los materiales de entrada y salida de las instalaciones, la regulación de la gestión del digestato generado en el proceso y restricciones a la circulación de transporte pesado asociado a estas plantas, que no debería atravesar núcleos urbanos ni zonas habitadas en el rural.
Valcárcel advirtió de que, ante el incremento de proyectos de biometano en Galicia, resulta necesario establecer límites claros a su tamaño, localización y funcionamiento para evitar impactos ambientales y sociales no deseados.