El Pleno de Lugo aprueba la nueva organización del gobierno local para este nuevo mandato
El Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Lugo aprobó la nueva organización municipal para el próximo mandato, en una sesión en la que quedó definida la estructura del gobierno local, la composición de la Junta de Gobierno y la distribución de las áreas de responsabilidad.
El ejecutivo estará presidido por Elena Candia, que asumirá también el Área de Gobierno de la Alcaldía, Medio Ambiente, Gestión Integral de Recursos Humanos, Seguridad, Dinamización Económica y Relaciones Institucionales. Junto a ella, formarán parte de la Junta de Gobierno Local Antonio Ameijide Osorio, Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez, María del Mar Carballas Piñeiro, Javier Vázquez Prado, Flora Rubinos Rois, Silvia Colmenero Guzmán, Agustín Gallego Vigo y Gustavo Enrique Díaz Rey.
Además, se designó a Javier Vázquez Prado como concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, con María del Mar Carballas Piñeiro y Gustavo Enrique Díaz Rey como primero y segundo suplentes.
En lo que respecta a las Tenencias de Alcaldía, la estructura queda fijada con Antonio Ameijide como primer teniente de alcaldesa, Ramón Manuel Cabarcos como segundo, María del Mar Carballas como tercera, Javier Vázquez como cuarto, Flora Rubinos como quinta, Silvia Colmenero como sexta, Agustín Gallego como séptimo y Gustavo Enrique Díaz Rey como octavo.
Las áreas de gobierno se distribuyen entre los distintos miembros del ejecutivo: Antonio Ameijide asumirá Movilidad y Obras; Ramón Manuel Cabarcos, Urbanismo; María del Mar Carballas, Economía, Participación, Servicios a la Vecindad y Bienestar Animal; Javier Vázquez, Cultura, Educación, Deportes, Infancia y Juventud; Flora Rubinos, Zona Rural; Silvia Colmenero, Industria y Mercados; Agustín Gallego, Turismo y Museos; y Gustavo Díaz, Política Social, Mayores, Migración, Mujer y Conciliación.
Además, se anunció que la Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria todos los lunes a las 10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda.
La nueva organización municipal salió adelante con los votos a favor de los 12 concejales del PP y de la concejala no adscrita María Reigosa, que forma parte del gobierno local como “supervisora de infraestructuras”. El pleno estuvo marcado también por la tardanza del grupo socialista en llegar al inicio de la sesión, mientras que los ediles del BNG asistieron con el pañuelo palestino en señal de protesta por la retirada de la bandera de O Vello Cárcere.
Además, el nuevo ejecutivo estima una reducción del 40% del gasto político respecto al anterior gobierno de PSOE y BNG, pasando de 822.804 euros a 491.063 euros. Señalan, además, que solo siete concejales tendrán dedicación exclusiva (Elena Candia, Mar Carballas, Javier Vázquez, Flor Rubinos, Agustín Gallego, Gustavo Díaz y Damián Carballo), mientras que los otros cinco compatibilizarán sus empleos con el trabajo municipal, como Antonio Ameijide, que tiene salario de la Diputación como portavoz popular, y Cristina Sanz cobra como parlamentaria; mientras que Ramón Cabarcos seguirá siendo director de Artes Aplicadas, Aurora Goás es médica en el HULA y Silvia Colmenero es ingeniera en Industria. Por su parte, el PSOE tendrá dos dedicaciones exclusivas y el BNG una.
También se actualizan las cuantías por asistencia a órganos municipales, que pasan de 100 a 150 euros en las comisiones y en la Junta de Gobierno, y de 100 a 250 euros en los plenos.
El gobierno local destaca que esta organización permite avanzar hacia un modelo basado en la operatividad, la coordinación y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, tras la aprobación acordada con la oposición para agilizar el funcionamiento de la administración desde el inicio del mandato.
Miguel Fernández acusa a la nueva organización municipal de Lugo de “amordazar a la oposición”
El portavoz municipal socialista, Miguel Fernández, criticó con dureza la nueva organización del Ayuntamiento impulsada por el gobierno de Elena Candia, al que acusa de responder a una estrategia orientada a “amordazar a la oposición” y a consolidar un ejecutivo basado, según sostiene, en el transfuguismo y en los intereses partidistas del Partido Popular.
Fernández aseguró que el pleno en el que se pretende aprobar esta nueva estructura representa “uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de Lugo”, al considerar que el proceso ha estado marcado por la falta de transparencia, la improvisación y la vulneración de los derechos de los grupos de la oposición.
El dirigente socialista calificó el procedimiento de convocatoria del pleno como “antidemocrático”, asegurando que ha estado lleno de “trampas y atajos”. Según afirmó, ni siquiera se permitió debatir la urgencia de la sesión, algo que calificó de “indefendible por la forma de proceder”, y sostuvo que el objetivo real es imponer decisiones “por decreto” y ocultar lo que definió como “el pacto de la infamia”.
Fernández denunció también que la oposición está sufriendo una limitación de sus medios de control y participación, lo que, a su juicio, evidencia una voluntad de restringir el funcionamiento democrático. Criticó la ausencia de una Junta de Portavoces y la rapidez con la que se impulsó la reorganización, asegurando que esto supone “un ataque directo a los principios democráticos y a los derechos de los representantes públicos”. Añadió que la división de recursos aplicada por el gobierno “es inadmisible” y tiene como finalidad dificultar el trabajo de la oposición.
El portavoz socialista advirtió además de que la nueva estructura no responde a las necesidades de la ciudad ni a los retos de Lugo, sino a los intereses internos del Partido Popular y a la supervivencia política de Elena Candia. “Estamos ante una organización diseñada para mantener un gobierno ilegítimo a cualquier precio”, afirmó.
También criticó la distribución de las áreas municipales, que interpreta como una muestra de la falta de proyecto y compromiso del nuevo ejecutivo. Según señaló, parte del equipo de gobierno no estaría plenamente centrado en la gestión de la ciudad, al compatibilizar responsabilidades políticas con otros ámbitos profesionales, algo que calificó de preocupante.
Fernández afirmó que esta situación refleja que “no creen en el proyecto” que Candia pretende liderar durante los próximos 12 meses, y sostuvo que la medida se está presentando públicamente como una reducción del gasto político, cuando en su opinión lo que implica es una disminución del compromiso con la ciudad.
El portavoz socialista alertó también de una “degradación institucional sin precedentes”, derivada de la creación de un sistema de supervisión para una concejala tránsfuga, que describió como una “bicéfalia política y administrativa”. Para el PSdeG, esta fórmula no responde a la eficiencia administrativa, sino a una contraprestación política por el apoyo recibido para hacer posible la moción de gobierno.
Fernández cuestionó además la utilidad de esta figura de supervisión, a la que atribuye problemas de coherencia organizativa y posibles dudas sobre la seguridad jurídica y el funcionamiento normal de la administración local. Según indicó, se trata de una figura creada “como pago político por el apoyo prestado”.
Finalmente, reiteró que Lugo necesita un gobierno “serio, transparente y comprometido con la ciudad”, frente a lo que califica como un ejecutivo centrado en equilibrar intereses internos y en devolver apoyos políticos. El grupo socialista anunció que seguirá denunciando cualquier actuación que, a su juicio, suponga un deterioro de la democracia municipal.