El PP de Lugo fija la organización del gobierno y delimita las funciones de María Reigosa en infraestructuras
El Partido Popular de Lugo, como nuevo equipo de gobierno municipal, ha presentado el decreto de organización que marcará las líneas de trabajo durante este primer año de mandato, previo a las elecciones municipales de 2027. En este marco se ha aprobado también un decreto específico que define las funciones de la concejala no adscrita María Reigosa, quien apoyó con su voto la moción de censura que permitió al PP desbancar a su antiguo partido, el PSOE, junto al BNG.
El documento subraya que esta resolución busca “reforzar la seguridad jurídica, acotar las actuaciones permitidas y excluidas, y evitar que la participación política de la concejala no adscrita pueda interpretarse como una delegación encubierta, una dirección material de la concellería o un incremento de derechos económicos o políticos”. En este sentido, se le asigna la denominación oficial de “supervisora de infraestructuras bajo la dirección de Alcaldía”, dejando claro que no ostenta cargo orgánico, directivo, administrativo, representativo del Ayuntamiento ni forma parte del gobierno municipal.
Su labor se centrará en el seguimiento político y programático de las actuaciones vinculadas a la concellería de Infraestructuras, trasladando a la Alcaldía propuestas, prioridades o iniciativas, además de comunicar incidencias, demandas vecinales o necesidades detectadas en este ámbito. Asimismo, podrá asistir a reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación cuando sea convocada expresamente por la Alcaldía, y solicitar información municipal a través de los cauces ordinarios establecidos para los miembros de la Corporación. También podrá ser informada sobre el desarrollo de las actuaciones incluidas en su función de supervisión, sin que ello suponga un acceso privilegiado a expedientes administrativos.
La resolución contempla igualmente la posibilidad de que informe a la Xunta de Goberno Local sobre el resultado de su labor cuando exista convocatoria expresa de la Alcaldía. Del mismo modo, podrá participar en actos públicos, encuentros vecinales o comparecencias de carácter político relacionados con infraestructuras, siempre bajo la dirección de la Alcaldía y sin asumir funciones ejecutivas ni responsabilidades propias de una concellería delegada.
En cuanto a las limitaciones, el decreto establece que no podrá resolver expedientes administrativos, ejercer competencias delegadas ni disponer de firma autorizada. Tampoco podrá dirigir técnica o jerárquicamente la concellería de Infraestructuras, ni emitir órdenes o instrucciones al personal municipal, ni dar directrices a empresas contratistas, concesionarias o dependientes del Ayuntamiento. Igualmente, no tendrá capacidad para validar informes, contratos, certificaciones, proyectos, propuestas de gasto u otras actuaciones administrativas, ni para convocar o presidir reuniones técnicas en representación del Concello, ni participar en la adopción de acuerdos de la Xunta de Goberno Local.
El texto añade que tampoco podrá representar institucionalmente al Ayuntamiento ante otras administraciones o entidades salvo autorización expresa y puntual de la Alcaldía. Además, no dispondrá de personal propio, medios materiales, correo corporativo, agenda institucional ni recursos asignados a una concellería o cargo de gobierno. Todo ello se completa con la aclaración de que esta función no conllevará retribución económica, dedicación exclusiva o parcial, ni indemnizaciones o compensaciones de ningún tipo.
En lo que respecta a la organización del gobierno local, el decreto establece la composición de la Xunta de Goberno Local, integrada por Antonio Ameijide, Ramón Cabarcos, Mar Carballas, Javier Vázquez —que ejercerá como secretario—, Flora Rubinos, Silvia Colmenero, Agustín Gallego y Gustavo Díaz, con sesiones fijadas ahora para los lunes a las 10.00 horas.
El esquema organizativo sitúa la principal concellería bajo la responsabilidad directa de la alcaldesa, que engloba medio ambiente, recursos humanos, seguridad, dinamización económica y relaciones institucionales, dejando abierta la posibilidad de incorporar una dirección general de Recursos Humanos. De esta estructura también depende la concellería de Cristina Sanz, centrada en dinamización económica y relaciones institucionales.
El decreto detalla además las competencias de la concellería de Movilidad y Obras, dirigida por Antonio Ameijide, así como la de Urbanismo, a cargo de Ramón Cabarcos, quien también podrá contar con una dirección general. En el ámbito económico, participación, servicios a la ciudadanía y bienestar animal se sitúa Mar Carballas.
Por su parte, Javier Vázquez Prado y Damián Carballo se repartirán la concellería de cultura, educación, deportes, infancia y juventud, aunque la dirección del área corresponderá al primero. La concellería de zona rural será responsabilidad de Flora Rubinos.
Completan la estructura la concellería de industria y mercados, encabezada por Silvia Colmenero; la de turismo y museos, a cargo de Agustín Gallego; y el área de política social, mayores, migración, mujer y conciliación, que se distribuirán Gustavo Díaz y Aurora Goás.
En conjunto, el decreto redefine el organigrama municipal y ajusta el reparto de funciones, introduciendo una estructura más delimitada en las distintas concellerías y fijando con mayor precisión el papel de cada responsable dentro del nuevo gobierno local.